El Ayuntamiento de Valencia aprobó ayer la renuncia definitiva de la licitación del servicio de la Ordenanza de Regulación de Aparcamientos (ORA), la zona azul, poniendo así punto y final a una prórroga de las condiciones del anterior gobierno del PP que no gustaba al actual. Las razones son, como ayer recordó el concejal de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, que la ciudad debía asumir la creación de 10.500 plazas nuevas de pago y que los parquímetros, una vez amortizados, pudieran pasar a a manos de la empresa.

Tras la Junta de Gobierno Local en la que se tomó esta decisión, Grezzi explicó en rueda de prensa que la actual licitación con la empresa Dornier «no se había hecho con arreglo al interés público» e indicó que esas 10.500 plazas, a razón de más de 1.000 anuales, se habrían instalado en los próximos ocho años en toda la ciudad y sin un criterio ni estudio previo. Asimismo, «dentro de la licitación había un doble beneficio, porque una vez amortizados los parquímetros se lo que podía quedar la empresa», incidió el edil.

No se puede municipalizar

Cabe recordar, que como ya publicó este diario, a finales de junio la cancelación de la licitación ya había estado sobre la mesa de la Junta pero no había salido adelante. Entonces Grezzi ya indicó que no era posible municipalizar el servicio, porque así se lo impedía el plan de ajuste, por lo que no podían crear una empresa pública ni contratar personal.

Grezzi indició en que «se ha puesto punto y final a esta licitación» y que ahora abrirán el proceso para una nueva «en la que prevalecerá el interés público por encima del privado» y que «irá en la línea del nuevo modelo de movilidad para la ciudad». El ayuntamiento, según explicaron a este diario fuentes del departamento que dirige Grezzi, no deberá indemnizar a la empresa actual puesto que se trataba de renovar o no la contratación. Además, señaló que hasta el momento en el que otra empresa se haga cargo de la futura gestión, habrá de ser la actual la que siga realizándolo de manera provisional.

El cese de la grúa

Este cese de la licitación se produce tan sólo una semana después de que el Govern de la Nau rescindiera el contrato de la grúa municipal, alegando que no se prestaba por parte de la empresa Pavapark (Pavasal) un «servicio de calidad». Según el ayuntamiento, este servicio no estaba funcionando acorde a las exigencias del contrato, puesto que las esperas eran muy largas, no había suficientes vehículos en las calles y que se había generado un ambiente negativo por los despidos por parte de la empresa.

Pavapark ha solicitado una indemnización de 15 millones de euros, la cual el Govern de la Nau consideró desproporcionada. Al respecto, en su momento la concejal de Seguridad Ciudadana, Sandra Gómez, señaló que «debería ser la empresa la que compense al ayuntamiento por dejarnos tirados» ya que indicaba que había sido la empresa la que había solicitado la recisión, alegando que no se le permitía llevar a cabo su plan de reordenación. El ayuntamiento rechazó la propuesta para no darle la razón a la empresa, que quería realizar un ERE y la eliminación de uno de los depósitos de grúa.

En el caso de la grúa, se está estudiando la fórmula de gestión, que sin descartar la municipalización, podría pasar también por el contrato de servicio, similar al ya empleado en el abastecimiento del agua y de la gestión de las basuras.

Al igual que en el caso de la ORA, mientras se resuelve la situación, el servicio de grúa está asegurada y recaerá sobre la empresa que termina contrato. Así lo estipula el pliego que en su momento les dio la licitación y que obliga seguir realizando la gestión durante seis meses.