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Justicia democrática

La aprobación en el Pleno de este jueves, a iniciativa del Gobierno municipal presidido por Joan Ribó y con el único voto en contra del PP, de retirar del Cuadro de Honores y Distinciones a 25 personas por su implicación con el aparato represivo de la Dictadura es una buena noticia, que acerca nuestra ciudad al conjunto de las sociedades que han hecho del antifascismo la base necesaria para convivencia. Se retira así a golpistas y represores cuyos nombres manchaban Alcaldías honorarías, Medallas de la ciudad, Concejalías honorarias e Hijos predilectos. Es buen momento éste para recordar el largo y tortuoso camino al que el PP llevó dicha iniciativa, torpedeada permanentemente por su parte. Durante la legislatura pasada, y bordeando como tantas veces la Ley, hicieron todo lo posible para impedir que una lista de personajes dejase de ostentar unas distinciones, que nunca merecieron y que se otorgaron a sí mismos.

Desde un principio el PP se opuso a cuantas iniciativas se presentaron por parte de la oposición. Así, Compromís tuvo que llevar la retirada de la Medalla de Oro a Franco a los Tribunales, o Esquerra Unida conseguir que se retirara al Dictador la insignia de diamantes en un pleno de la Junta Central Fallera a través de sus representantes Roberto Ruiz y Toni Parrilla. Todo parecía que iba a cambiar cuando a finales de 2012, el PP aceptaba una moción de Esquerra Unida en la que el ayuntamiento procedería a retirar calles y distinciones de franquistas, una vez fuera solicitado por cualquier entidad o particular.

Pero no era más que otro engaño. Cuando el viceportavoz del Grupo socialista, Salvador Broseta presentó ante la comisión de cultura la relación de los 25 franquistas a los que retirar del cuadro de Honores y Distinciones, el PP decidió que sólo lo haría si cada nombre iba acompañado de una biografía que certificara su adhesión a la Dictadura. Teniendo en cuenta que la lista la encabezaba el golpista y dictador Francisco Franco, era como si en Alemania o en Italia se debieran de aportar pruebas sobre la connivencia con los regímenes fascistas de Hitler o Mussolini. Aún así, se aceptó la estrambótica propuesta, y encargamos sendos informes, el primero a la Facultad de Geografía e Historia y un segundo elaborado por técnic@s de Derecho de la Universitat de València.

En dichos informes, como no podía ser de otra manera, se hacía un repaso exhaustivo a la participación en el Golpe de Estado contra la legalidad de la República de todos los investigados, su participación posterior en el aparato represivo fascista, así como los incumplimientos del PP en la aplicación de la Ley de la Memoria histórica. El PP se resistió a aceptar la realidad y encargó un Informe Jurídico interno del propio ayuntamiento, cuyas conclusiones no eran más que una ambigüedad calculada, para seguir bloqueando el tema.

Por eso, el jueves, al votar nuevamente en contra demostraron una vez más que la Dictadura no es una cuestión del pasado, sino de su presente. Un presente que ejemplifica cuan cerca sigue la derecha del franquismo.

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