El Ayuntamiento de Valencia «no atenderá» al requerimiento del ministro Cristobal Montoro de proceder al cierre de la Empresa Municipal de Transportes y el Consell Agrari Municipal, tal como anunció ayer Joan Ribó. Ambas entidades son las señaladas por el titular de Hacienda y Administraciones Públicas como incumplidoras de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. El consistorio del «cap i casal» es uno más de los que en las últimas semanas ha recibido la misiva ministerial, en la que se apremia a los responsables municipales a la «disolución automática» de entidades directamente dependientes de las corporaciones locales en situación de desequilibrio financiero. Ribó contestaba ayer a Montoro con un rotundo «no». El alcalde reprocha al gobierno que en vez de financiar de forma justa se dedique a «perseguir» a los municipios y le responde con un Informe de Intervención de Contabilidad y Presupuestos en el que justifica la continuidad tanto de la de EMT como del Consell Agrari.
Fuentes municipales explicaban ayer que no habían querido hacer pública la «sorpresa» recibida por Montoro hasta tener bien documentadas las alegaciones. En ellas, y desde el departamento de intervención, se explica a los responsables del ministerio la catalogación del Consell Agrari Local y de la EMT. Del primero, se le recuerda a Montoro que no se trata de una empresa que desarrolle actividades económicas, sino un organismo autónomo municipal. Así, desde el consistorio se entiende que no está sujeto a la Ley de Racionalización de la Administración Local que el propio Montoro propició en 2013 y que según Ribó «está diseñada para ahogar a los ayuntamientos haciéndoles pagar los despropósitos de su gestión». «Debería informarse algo mejor de lo que pide», razonaba Ribó con un punto de ironía y hartazgo por las «inexplicables» exigencias económicas del gobierno «no correspondidas después en materia de inversiones e infraestructuras».
En el capítulo de la EMT, intervención recuerda a Montoro que según la ley tendrían que liquidarse aquellas empresas con pérdidas durante dos ejercicios consecutivos, en este caso los correspondientes a 2011 y 2012. La EMT, defienden, sí tuvo pérdidas en 2011 (con un saldo negativo de cerca de 1’4 millones de euros) pero un resultado de explotación positivo al año siguiente (1’1 millones de euros). «Las subvenciones a la EMT son a la explotación y no como aportaciones de capital de los socios», argumenta y recuerda que debe tenerse en cuenta que la transferencia que compensa «el precio subvencionado pagado por determinados colectivos ciudadanos debe considerarse como un importe neto de la cifra de negocios». Entienden, por tanto, que las circunstancias de la EMT no se ajustarían «a las ansias de Montoro y el gobierno de cerrar los servicios públicos que da Valencia».
La primera autoridad municipal solo ve en Montoro un ansia desmedida por «castigar a los pueblos y ciudades por los excesos y derroches que en el pasado hicieron las administraciones gobernadas por el PP». Le encomienda, además a que compruebe y tome nota de «cómo estamos gestionando la economía y la hacienda de Valencia, con una deuda que este año conseguimos resituar hasta niveles de 2005; con un periodo de pago a proveedores que ha pasado de más de 60 días a 8; con un superávit de cerca de150 millones que hemos conseguido en este ejercicio; y con un remanente de tesorería que llega a los 21 millones de euros». De ahí que ayer conminara al ministro a «ajustarse a sí mismo».
El PP municipal, con la EMT
Alfonso Novo, portavoz del grupo municipal popular, se alineaba con Montoro al recordar que las empresas públicas con déficit que no prestan un servicio público deberán cumplir la orden ministerial, pero hacia una excepción con la EMT «porque cumple una función social esencial para garantizar los derechos de los valencianos a un transporte público de calidad». «Defenderemos siempre que el ayuntamiento continúe invirtiendo en la EMT», incidía.
El Consell reclama al gobierno la lista de entes afectados
El director general de Administración Local en la Generalitat, Antoni Such, exigió ayer al Ministerio de Hacienda que remita «de forma urgente» el listado de municipios valencianos a los que pide la disolución "automática» de empresas públicas locales, para «brindarles total apoyo». «Entendemos que la mayoría de empresas son fundaciones que gestionan servicios públicos, no tienen actividad económica real y no deberían estar sujetas a la liquidación que pretende Montoro», agregaba. Las cartas, según Such, «tenían que haber sido emitidas, como muy tarde, el 1 de diciembre de 2015, pero estas no fueron enviadas por motivos electoralistas, porque estaban las elecciones convocadas».
