El Ayuntamiento de Valencia trabaja, desde hace un par de semanas, en una revisión del Plan General de Ordenación Urbana que permita regular la oferta de apartamentos turísticos y evitar así la saturación que ya sufre Barcelona. La presión vecinal de los últimos días ha redoblado el interés de los responsables políticos por agilizar la nueva normativa. La ciudad condal ha visto cerrar en el mes de julio hasta 256 pisos ilegales, con multas de hasta 60.000 euros a Airbnb y Homeaway, que también se publicitan en Valencia. Alertados por lo que está ocurriendo en Barcelona, con un grave problema en el casco antiguo, desde el Govern de la Nau se quiere evitar algo parecido a toda costa. Según los datos que maneja el consistorio y la Agencia Valenciana de Turismo — que tiene las competencias de inspección—, en Valencia hay 1.100 apartamentos legales y otros tantos que no están regulados. Enric Roig, coordinador del área de Desarrollo Económico y Empleo, recuerda que el propósito es «poder ubicar alojamientos de calidad y establecer unas condiciones con las que se respete a los vecinos colindantes». «Se trata de garantizar la convivencia, dar seguridad a los inversores y prevenir el colapso en determinadas zonas», señala Roig.

«Llevamos tres semanas con la revisión del PGOU y los primeros informes por parte de Urbanismo ya están listos», señala Roig, quien insiste en la necesidad de modificar una norma urbanística que data de 1988 cuando esta problemática ni siquiera existía. Se estima que en el plazo de unos ocho meses, antes de lo previsto, la revisión podría estar finalizada. «No se puede luchar contra una tendencia que en Europa va a más, pero lo que que perseguimos es que nuestra oferta sea de calidad y con una norma que es preservar la convivencia de los vecinos», incidía Roig, quien recuerda que la participación vecinal será clave en la redacción final.

Tres son las zonas de Valencia donde se concentra este tipo de oferta turística: el casco antiguo, Velluters y Russafa. Cuatro de cada diez visitantes de los que llegan a la ciudad optan por esta opción para hospedarse. Entre enero y marzo se alojaron en Valencia 14.997 turistas en viviendas particulares, frente a los 22.657 visitantes que optaron por los alojamientos reglados.

Una sentencia en contra

El Ayuntamiento de Valencia mantiene varios expedientes abiertos para el cierre de alojamientos ilegales, aunque el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Valencia dió la razón el pasasdo mes de mayo al propietario de cinco apartamentos turísticos de la capital que habían sido clausurados por orden municipal en abril del año pasado. El tribunal alegaba que este tipo de viviendas, situadas generalmente en fincas residenciales, no se les puede exigir el mismo tratamiento que a los hoteles. Roig recordaba ayer que con una normativa clara este tipo de contradicciones no se darían.