El Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia ha aceptado la personación del Ayuntamiento de Valencia en la pieza separada „la «E»„ del caso Taula que investiga el posible amaño y cobro de comisiones en contratos realizados por la exconcejala del PP María José Alcón en su época de delegada de Cultura, entre ellos el de las Torres de Quart, la Mostra o La Rambleta. El magistrado considera al consistorio «perjudicado directo de aquellas actuaciones».

Según explicaron fuentes municipales, esa personación se pidió en septiembre del año pasado nada más iniciarse el proceso, pero el juez aplazó su decisión hasta que se levantara el secreto del sumario, cosa que ocurrió este mismo mes de agosto.

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, aseguró ayer que el consistorio «defenderá en todo momento los intereses de la ciudadanía y la administración». «Es una obligación de este Ayuntamiento „dijo„ estar al frente de la lucha contra la corrupción y recuperar hasta el último céntimo robado a los valencianos».

Con la personación en el caso, el ayuntamiento tendrá acceso a todas las novedades que deparen las investigaciones judiciales sobre toda una serie de posibles delitos, como prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y cohecho, en relación con expedientes de contratación de obras realizados por el equipo de Rita Barberá para limpiar y mantener las fachadas de la Lonja, la consolidación de las Torres de Quart, la construcción y explotación del centro cultural La Rambleta, la restauración de los puentes de Serranos y de la Trinidad y contratos de servicios relacionados con la Mostra de Cine.

Por su parte, la portavoz del grupo socialista, Sandra Gómez, celebró que el juzgado haya resuelto favorablemente la personación del consistorio, al tiempo que señaló que «el foco» vuelve a situarse sobre la exacaldesa, Rita Barberá, que «continúa blindada» por Mariano Rajoy.

Gómez insistió en que los socialistas siempre se han centrado en una cuestión que les parece «fundamental», y es que de la ciudad «han salido recursos de una manera irregular que tienen que volver a las arcas públicas».