La sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha determinado que los miembros de la cooperativa San Isidro Labrador no cometieron un delito cuando entraron sin permiso del Ayuntamiento de Valencia en las instalaciones del pozo que durante décadas ha abastecido a las pedanías de Benifaraig, Borbotó y Carpesa. Se trata de una victoria de los vecinos que les acerca más a la propiedad del pozo, un litigio que sigue pendiente al igual que la decisión de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre la concesión del servicio de suministro.
El conflicto comenzó cuando la Cooperativa Les Llosetes, que gestionaba el pozo desde los años noventa, fue dada de baja en el registro de la Generalitat por no cumplir los requisitos exigidos y el ayuntamiento de Valencia ocupó el pozo para hacerse con el control del suministro.
Aquella acción provocó una auténtica revolución en estas tres pedanías y finalmente un grupo de vecinos decidió primero hacerse de nuevo con el control del pozo y luego recuperar administrativamente la cooperativa primitiva San Isidro Labrador, propietaria de las instalaciones, para empezar de cero, ya sin Les Llosetes, y recuperar el servio del agua en los pueblos.
En la actualidad, tienen dos frentes abiertos, el de la concesión de la CHJ y el de la propiedad del pozo. En este último hay dos denuncias cruzadas, una primera de los vecinos contra el ayuntamiento por la toma del pozo por la fuerza y otra del consistorio contra los vecinos por la entrada posterior de estos en las instalaciones. Y ésta última es la que ha tenido sentencia.
Según la Audiencia Provincial, la propiedad de las instalaciones del Pozo San Isidro están atribuidas a la cooperativa de vecinos desde el año 1931 y en todo este tiempo no ha habido renuncia manifesta a la concesión, ni al edificio ni al transformador.
Y asegura que aunque cambiar las cerraduras «puede constituir una coacción penalmente tipificable», advierte de que no se ha identificado a los autores y da por buena la versión de los acusados, cuya explicación es que alguna persona anónima les dejó unas llaves en el buzón y ellos, creyendo que les habían devuelto el pozo, entraron a las instalaciones y a la salida fue cuando se encontraron con la policía.
Así pues, la sentencia concluye que no puede haber una sanción penal a los vecinos cuando las partes están litigando por la propiedad del pozo. Y reitera que «se desconoce el autor del cambio de cerraduras denunciado».
Hacia una resolución final
El presidente de la cooperativa, José del Toro, espera que en breve puedan recuperar físicamente las instalaciones y poner de nuevo en marcha el pozo, que ha sido paralizado por la empresa gestora del agua en Valencia, Emivasa.
Confía, así mismo, en que la CHJ no declare la caducidad de la concesión. En este momento el expediente está abierto y la cooperativa ha presentado un informe que dice que el nivel de nitratos es muy inferior al permitido.
