Antes de que el Gobierno responda a las preguntas de Ana Botella, la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, responsable del Palacio del Temple, ya ha lamentado las acusaciones de la diputada socialista y ha justificado las decisiones adoptadas en 2014 para modificar el proyecto y proteger los restos islámicos encontrados en el patio trasero del edificio.
Según fuentes de la delegación, el Gobierno decidió encargar el trabajo a la empresa Tragsa porque quería ejecutar el proyecto con medios propios y esta empresa es de titularidad pública. Es más, aseguran que la obra no está teniendo problema alguno, ya que en todo momento cuenta con la supervisión y el control del Ministerio de Cultura. «Algo más sabrán los técnicos del ministerio que la señora diputada socialista», añadieron.
Lo único que a su juicio se puede hablar de este proyecto es que «ha estado parado ocho o nueve años y ahora está en marcha». «Se ha hecho más en este año que en todo el tiempo anterior», en el que los funcionarios han tenido que repartirse por varios edificios de la administración central.
Sobre los sobrecostes
En cuanto al informe de Carlos Meri, las fuentes justificaron el sobrecoste de la obra por la necesidad de construir un edificio de cuatro plantas en la parte trasera protegiendo los restos islámicos aparecidos en el patio. Según dicen, la propuesta de Meri era más barata porque «quería hacerlo todo bajo tierra», cosa que en la práctica es inviable por la elevada probabilidad de que aparecieran más restos arqueológicos en cuanto se picara en la zona.
