La rehabilitación del Palacio del Temple, sede de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, ha llegado al Congreso de los Diputados en forma de pregunta de la socialista Ana Botella, que cuestiona el hecho de que la rehabilitación de un monumento nacional, o mejor dicho, la modificación del proyecto tras la aparición de restos islámicos, se haya encargado a una empresa del ámbito de la Agricultura. A ello hay que sumar el informe que hizo el primer arquitecto, Carlos Meri, que tras su despido redactó un escrito en el que denunciaba el elevado sobrecoste de la obra y los daños que se estaban causando al edificio.
La polémica sobre la rehabilitación del Palacio del Temple surgió después de que la diputada socialista Ana Botella denunciara la desaparición de una sala de plenos del siglo XIX, sala que la Delegación del Gobierno había entregado a la Diputación del Valencia, su propietaria, en cumplimiento de un acuerdo previo. Y ahora la diputada ha presentado una serie de preguntas en el Congreso en las que cuestiona la idoneidad de la empresa Tragsa para llevar a cabo este singular proyecto.
En su exposición de motivos, Botella asegura que esta empresa pública «realiza y gestiona cualquier trabajo relacionado con el desarrollo del medio rural y conservación de la naturaleza». Y si se mira en el apartado de «edificación y arquitectura», su labor se ciñe a «mataderos, almacenes para alimentos en Senegal, construcción de un centro de visitantes en parques nacionales y construcción de sedes de institutos de biodiversidad».
Las preguntas
Así pues, se pregunta «¿qué función cumple Tragsa en la obra de rehabilitación Integral del Palacio del Temple, monumento histórico artístico nacional y Bien de Interés Cultural? y qué informes técnicos han avalado tal decisión, pues en su página web la propia empresa omite cualquier información sobre este proyecto, según Ana Botella.
Así mismo, se pregunta por la idoneidad del equipo técnico que lleva la obra, subcontratado por Tragsa a una segunda empresa.
A estas preguntas de Ana Botella hay que añadir el informe que en su día realizó el arquitecto inicial de la obra, Carlos Meri, cuando fue apartado del proyecto. Meri, al que fue obligatorio pedirle opinión sobre el modificado del nuevo plan, emitió un amplio escrito en el que asegura que su fórmula hubiera supuesto un sobrecoste del 4,3%, o lo que es lo mismo, 320.000 euros, mientras que la propuesta de la empresa Tragsa ha supuesto un incremento del precio del 28,6%, es decir, 2,1 millones más.
Asegura, así mismo, que el proyecto modificado, «de apenas siete folios», incluye la construcción de una entreplanta que altera el proyecto original y va contra las indicaciones del Ministerio de Cultura. Es más, asegura que se han bajado techos de cinco metros con placas de pladur que han desnaturalizado el monumento. Víctima de este tipo de intervenciones, según el arquitecto, han sido las salas históricas base del proyecto de modificación del edificio primitivo.
