17 de septiembre de 2016
17.09.2016

El tripartito lleva al Tribunal de Cuentas las expropiaciones millonarias a los Trenor y Cotino

La investigación del ayuntamiento concluye que hubo negligencia al retrasar el pago de las parcelas del Parque de Cabecera durante el gobierno de Barberá - El expediente puede acabar en la justicia ordinaria

17.09.2016 | 01:33
El tripartito lleva al Tribunal de Cuentas las expropiaciones millonarias a los Trenor y Cotino

Las expropiaciones millonarias que beneficiaron a las familias Trénor y Cotino llegarán al Tribunal de Cuentas. La investigación interna encargada en mayo pasado por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valencia para depurar responsabilidades por el retraso en dos expropiaciones de suelo de las familias Trénor y Cotino del Parque de Cabecera concluye que ha habido una «clara actuacion negligente» que ha provocado un perjuidicio económico de 17,3 millones de euros para las arcas municipales. El «inexplicable» retraso del pago de dichas expropiacione no es atribuible al funcionamiento de los servicios técnicos municipales, destacó ayer el conceja de Desarrollo Urbano, Vicent Sarrià, en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local en la que se dio cuenta de las conclusiones de dicho informe, a la luz del cual el Gobierno de la Nau, formado por Compromís, PSPV y Valencia en Comú, ha decidido dar traslado del expediente y la investigación al Tribunal de Cuentas de la Comunitat Valenciana.

El Tribunal de Cuentas investigará la existencia o no de responsabilidades en el retraso del pago de las expropiaciones del Parque de Cabecera a las familias Cotino y Trénor que supuso un aumento exponencial del aprovechamiento lucrativo de estas familias. El citado tribunal podra llamar a declarar a los responsables del expediente tanto técnicos como políticos, en concreto, a la entonces alcaldesa, Rita Barberá, y a los concejales responsables de las áreas implicadas, en concreto, Miquel Domínguez, Silvestre Senent, Francisco Lledó, Alfonso Grau y Jorge Bellver.

Si el Tribunal de Cuentas considera que ha habido negligencia puede penalizar económicamente a sus responsables, así como remitir el caso a la justicia ordinaria si ve indicios de delito.

La investigación que ha llevado a cabo el ayuntamiento, que incluye informes del servicio jurídico, el de Expropiaciones y el de Hacienda asegura que «los servicios municipales implicados advirtieron en el momento procedente a los responsables políticos de los órganos de gobierno de debían adoptar las decisiones para pagar en tiempo y forma». «La actitud negligente de la alcaldesa y de los miembros de la junta de gobierno es la que ha provocado el perjuicio económico».

El informe detalla que entre los años 2005 y 2008 hubo un presupuesto para pagar expropiaciones cercano a los 83 millones de euros. «Entonces no había problema de dinero», destacó ayer Sarrià, pero inexplicablemente la junta de gobierno no dio la orden de pago.
Todas las parcelas expropiadas para la construcción del Parque de Cabecera en 1998 fueron pagadas. Todas menos las de Mercedes Trénor y otros miembros de esta familia y la empresa Alquería Dolores, de la familia del ex presidente de las Corst, Juan Cotino. Ambas parcelas, ebían haber costado, según el justiprecio del Jurado Provincial de Expropiaciones, cerca de un millón de euros (273.000 euros la parcela de los Trénor y 687.000 la de los Cotino, pero el equipo de gobierno anterior, con Rita Barberá al frente, dejó pasar el tiempo y los terrenos del entorno del parque fueron revalorizándose y multiplicaron su precio hasta multiplicar, vía tribunales, el valor del suelo expropiado hasta los 17,3 millones.
Transcurridos dos años sin que el ayuntamiento haya pagado el justiprecio los propietarios pueden pedir una retasación. Los Cotino, que en su día se ofrecieron a cobrar el justiprecio fraccionado y dieron facilidades al consistorio, llegaron hasta el Tribunal Superior de Justicia,que revalorizó su antigua parcela rústica hasta 3,5 millones. La familia Trénor fue más lejos y llegó hasta el Supremo que hace unos meses subió el valor de los terrenos hasta los 14 millones. Una resolución que el ayuntamiento ha recurrido en casación en un intento de evitar este gasto en los presupuestos del próximo año.

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