La decisión del Tribunal Supremo de citar a declarar a Rita Barberá por un supuesto delito de blanqueo de capitales para financiar la campaña electoral, ha supuesto el fin traumático de la carrera política de la que Mariano Rajoy llamó la Alcaldesa de España. Así, la que fuera la máxima representante del «cap i casal» del País Valencià se despide de la vida política de la peor de las maneras posibles, con un proceso judicial abierto y abandonando la militancia en el partido que ayudó a formar, quedándose, eso sí, en el Senado compartiendo grupo, entre otros con Bildu. ¡Quien se lo iba a decir!
Uno de los aspectos más relevantes de la noticia, no es tanto la decisión tomada por Barberá, sino la actitud de una parte de la sociedad española, esa que como cantaba Victor Jara no es «ni chicha ni limoná», que reía las gracias a la derecha, y la apoyaba (de hecho aún lo hace) en las urnas. Así, a pesar de las denuncias de presuntos casos de corrupción como el caso Gürtel que se remonta al año 2009, en mayo de 2011 Francisco Camps se convertía en uno de los cargos públicos con más apoyo electoral de nuestra democracia. Y es esa parte de la sociedad, la que más insulta supuestamente indignada, y de paso, la que dice aquello de que «tod@s l@s polític@s son iguales y están para robar», añorando épocas pasadas donde se robaba a manos llenas, comenzando por el Dictador.
Esta reacción popular, lógica por otro lado ante tanto bombardeo mediático, viene bien para que así no sean motivo de debate las necesarias lecciones que deben de sacarse de estos lamentables sucesos que tanto daño hacen a la democracia, y que sacan a la luz una sociedad insolidaria. Porque es importante recordar ahora que si bien Rita Barberá ha caído víctima de una supuesta trama de blanqueo de capitales, no es la primera vez que se le había llevado a los Tribunales por su actuación política municipal. Una actuación cuyas consecuencias además sufrían miles de personas, como por ejemplo lo ocurrido en el Cabanyal, que llevó a que el Grupo Municipal de Esquerra Unida presentara una demanda por prevaricación contra Rita Barberá y su equipo de Gobierno por la no concesión de licencias a pesar que, a nuestro entender, la Ley le obligaba. Fue archivada de inmediato.
Por eso, la presión para que Barberá abandone su escaño en el Senado no debe quedarse ahí. Obliga a un conjunto de reformas que permitan a las instituciones democráticas representativas cesar a un cargo público de su puesto ante una imputación por corrupción, y no tener que ir casi implorando que dimita, con la imagen de debilidad que de ello se desprende.
El caso Taula, igual que otros, lleva en su matriz la lógica neoliberal, en la que todo lo público es sensible de ser privatizado para mercadear con nuestros derechos, obteniendo beneficios que enriquecen a unos pocos. Hay que aceptar en definitiva, que el problema es el sistema y que es obligación de tod@s transformarlo.
