Jugada maestra del tripartito para acallar las voces contrarias a la subida del IBI a los comercios y pacificar a la propia coalición de Gobierno, en la que los socialistas habían mostrado su disconformidad con las tesis oficiales. Frente a las mociones de PP y Ciudadanos con las que se quería apoyar al comercio y evidenciar las diferencias dentro del Govern de la Nau, éste presentó una propuesta alternativa a medio camino entre ambas posturas „subvenciones individualizadas„ que acabó saliendo adelante por unanimidad y casi sin debate.

Las nuevas ordenanzas fiscales más que por sus nuevas tasas, como la de la telefonía móvil y las terrazas, habían desatado una fuerte polémica por algo que ocurrió el año pasado, que fue la subida del IBI a aquellos comercios cuyos locales tuvieran un valor catastral superior a los 250.000 euros. Los comerciantes lo habían criticado y el Grupo Socialista se había alineado con ellos para subir ese listón a los 350.000 euros y salvar de la subida a unos 400 comercios, lo que les hizo enfrentarse con sus socios de gobierno (Compromís y València en Comú).

La oportunidad, por tanto, estaba clara. La oposición llevó ayer dos mociones al pleno pidiendo que se elevara el listón a la cifra que habían propuesto los socialistas para de esa manera favorecer al comercio y poner de manifiesto la división del tripartito.

Para el portavoz del PP, Eusebio Monzó, la subida de impuestos a los comercios perjudica la actividad económica justo en el momento de su recuperación, además de que «al final va a favorecer a las grandes superficies, que aguantarán mejor la subida y verán desaparecer a los pequeños».

Por su parte, Fernando Giner, portavoz de Ciudadanos, instó a los socialistas a defender en el pleno lo que habían propuesto ante sus socios de gobierno.

La propuesta alternativa

Pero ambas intervenciones fueron de perfil bajo. Ya eran conocedores, porque se la habían hecho llegar previamente, de la propuesta alternativa del equipo de Gobierno, una vía intermedia pensada para facilitar el acuerdo y salvar la cara de sus socios.

El propio concejal de Hacienda, el socialista Ramón Vilar, defendió esa propuesta, que mantiene el listón catastral inamovible, pero que establece una línea de subvenciones para aquellos comercios que ocupen locales con un valor catastral entre 250.000 y 350.000 euros. Es decir, no se les bajará el IBI a esos 400 comercios señalados por los socialistas y los propios comerciantes, pero se les darán ayudas para compensarlos. «Esa línea de subvención irá destinada a aquellos comercios cuya titularidad corresponda a autónomos, microempresas o pequeñas empresas», dice la propuesta, aunque Vilar explicó después que la idea es beneficiar a estos establecimientos por otros criterios como la antigüedad, el uso del valenciano o ser un negocio cultural.

Además, en el presupuesto de 2017 se incrementarán las partidas destinadas a la promoción específica del comercio y se creará un programa de turismo de compras.

Esa propuesta fue aprobada por el PP, cuyo portavoz se defendió del presunto partidismo de su moción adelantando que aprobaría la del tripartito; y por Ciudadanos, que en palabras de su portavoz, Fernando Giner, espera que la línea de subvenciones esté bien definida.

A Vilar le sobró incluso la explicación que tenía preparada para justificar la unidad del quipo de gobierno pese a las diferencias. «Tenemos una cultura de pacto y aunque hay diferencias, se acata lo que dice la mayoría».