El informe de las cuentas anuales de 2015 del Consorcio Valencia 2007 remitido en mayo pasado al Ministerio de Hacienda y auditado en junio de este año por la Intervención General del Estado pone blanco sobre negro la situación de quiebra del órgano que gestiona la Marina Real Juan Carlos I. La auditoría a las cuentas del Consorcio advierte de que la «disminución sostenida» del patrimonio del organismo con un patrimonio neto negativo de 262 millones de euros a 31 de diciembre de 2015 «provoca incertidumbre sobre la capacidad financiera del Consorcio para continuar su actividad con normalidad».

La «falta de compromisos firmes» por parte las administraciones consorciadas [Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento]para realizar aportaciones económicas al Consorcio y el resultado de los litigios con el Banco de Santander «condicionan la continuidad de la actividad del ente auditado», que en caso de no recibir dicha financiación, «dejará de actuar como empresa en funcionamiento».

La falta o el embargo de los ingresos de la marina determinan «una previsible falta de liquidez» en el ejercicio actual que «condicionaría de manera muy severa la capacidad del Consorcio para seguir desarrollando la gestión del recinto de la marina», remacha el informe de las cuentas del último ejercicio auditadas con resultado favorable por el interventor del Estado, que las considera fieles a la situación del Consorcio.

El Consorcio admite una vez más la «imposibilidad de hacer frente» a las obligaciones derivadas de los préstamos contraídos, en concreto a los vencimientos semestrales del crédito de 319 millones de euros del Instituto de Crédito Oficial (ICO), al que está haciendo frente la Dirección General del Tesoro del Estado como avalista de las obras de la Copa del América. Tampoco a los 62,7 millones de euros, que reclama el Banco de Santander por la póliza suscrita para cubrir la variación de los intereses del préstamo del ICO que ha supuesto el embargo de las rentas generadas por la mayoría de los negocios de la marina, entre ellos el Veles e Vents y Lanzadera.

La AEAT embarga a la Generalitat

El informe de las cuentas revela que el Tesoro del Estado, a través de la Agencia Tributaria, ha iniciado como «acreedor» del Consorcio un procedimiento de apremio para el cobro de la deuda ejecutando embargos por 3,5 millones de euros a la Generalitat, que a su vez los ha recurrido.

El director general del Consorcio, Vicent Llorens, explicó ayer que el informe de las cuentas del año 2015, aún con Pablo Landecho como director general, evidencia la necesidad de que el Estado asuma la deuda financiera para que la marina real pueda ser económicamente viable. Según Llorens, la decisión del Tesoro de proveer la deuda pendiente del Consorcio de la que ya se hizo eco este diario va en esta dirección, aunque Hacienda asegura la provisión de fondos por el total de la deuda no quiere decir que el Estado vaya a perdonarla. Llorens insistió ayer en que las administraciones «no tienen voluntad de liquidar el Consorcio».

El Consorcio, por otro lado, impulsa una propuesta denominada Marina Challenge para que jóvenes emprendedores de la Escuela de Empresarios EDEM de la marina hagan propuestas para la nueva estrategia y plan de usos del recinto.