El Govern de la Nau da por cerrado el acuerdo con la Generalitat para aprobar a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2017 una moratoria de un año, prorrogable a dos, en la obligación de los ayuntamientos de atender las peticiones de nuevas expropiaciones de suelo dotacional, destinado a jardines o zonas deportivas. Así lo anunció ayer el concejal de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Valencia, Vicent Sarrià, quien explicó que de este modo, y en espera de un ajuste y un cambio de los plazos de la ley urbanística valenciana, se pondrá freno a la sangría que supone la obligación de expropiar los suelos dotacionales si la adminsitración tarda más de cinco años en hacerlo. Una obligación que pretende proteger al propietario de la burocracia pero que durante la crisis muchos han utilizado como fuente de ingresos. Sarrià dio a conocer este acuerdo en la comisión de Desarrollo Urbano en la que se aprobó una moción de Ciudadanos dirigida a que la Generalitat modifique los plazos establecidos para las expropiaciones ante las gravosas consecuencias para las arcas municipales. La propuesta fue aceptada porque «la Generalitat ya lo tiene en cuenta a través de la Ley de Acompañamiento de los presupuestos, donde el ayuntamiento ha solicitado que se introduzca una moratoria para suspender las nuevas expropiaciones. La Generalitat de Cataluña ya aprobó esta medida hace años, y los técnicos municipales la propusieron al anterior delegado de Urbanismo en numerosas ocasiones, sin que adoptara medida alguna al respecto.
Sarrià explicó ayer que la mayor preocupación de su delegación es «frenar esta sangría económica», que ha supuesto desembolsar de las arcas públicas 600 millones de euros en los 24 presupuestos municipales fel PP y 42 millones de euros en tan solo este presupuesto de 2016, donde ha habido que poner al día toda la deuda acumulada por el anterior gobierno municipal.
La revisión pormenorizada del PGOU que está en marcha minimizará este impacto, al delimitar unidades de ejecución que permitan la cesión de suelo dotacional de manera gratuita cuando se edifiquen las viviendas. Sarrià explicó que en las más de dos décadas de gobierno del PP se han construido más de 50.000 viviendas en suelo urbano sin cesión dotacional de los promotores a la ciudad. «Ha sido un gratis total para las mercantiles privadas que han construido las viviendas, muchas de ellas solicitando posteriormente la expropiación de suelo para jardines, colegios o dotaciones públicas que debían haber cedido gratuitamente». Así ha ocurrido en la calle Rubén Darío, junto a la mezquita, donde el ayuntamiento ha pagado 4,5 millones a una promotora por un solar de 16.000 m2 destinado a jardín. El ayuntamiento también ha pagado sumas millonarias por expropiaciones como la del casino del Americano (3,5 millones).
La comisión de Darrollo Urbano también dio el visto bueno definitico, superado el plazo de alegaciones sin que se haya recibido ninguna, a la modificación puntual de las normas urbanísticas del PGOU que rigen la construcción de aparcamientos bajo subsuelo público, de manera que estos puedan vender plazas en propiedad en determinados supuestos y no sólo en concesión, como ocurríahasta ahora, tras su valoración y aprobación por parte del pleno. «No se trata de hacer caja», explicó Sarrià sino de liberar espacio en superficie y reducir los coches de las calles y plazas. En anteriores mandatos se habían realizado dos modificaciones puntuales, para el aparcamiento de la Generalitat en la plaza de Viriato y otra para 49 aparcamientos, todos privados, que ocupan subsuelo público (Aqua, Arena, el Corte Inglés de la avenida de Francia, y otros vinculados a vivienda), y uno público de la Generalitat en la plaza del Árbol.
A preguntas de Cs, Sarrià ha revelado que las obras de la rotonda-mirador de la V-21, una obra construida por el Ministerio de Fomento e inaugurada en 2009, siguen sin estar recepcionadas por el ayuntamiento, que evita así asumir el mantenimiento de esta costosa rotonda ajardinada presidida por un mirador que lleva años sin funcionar. El anterior gobierno municipal no certificó las obras por daños en jardinería y otros desperfectos. El tripartito ha requerido al Gobierno central «en numerosas ocasiones», a través del Servicio de Movilidad, para que repare estos desperfectos, algo a lo que se ha negado hasta la fecha, por lo que no podrán recepcionarse. Su mantenimiento dependerá de Fomento mientras no se subsanen y se entregue la obra en perfectas condiciones.
cuarteles san vicente
Errores y traslado del colegio
La Comisión de Desarrollo Urbano también aprobó ayer la exposición al público de la corrección de errores de los dos planes parciales del Parque de Ingenieros y Parque de Artilleria, a petición de Sepesrelativos a las mediciones de parcelas y ajustes de edificabilidad, sin que ello suponga incremento alguno. Sarrià explicó que el Sepes es el responsable de ejecutar el ámbito del natiguo cuartel de Ingenieros. El Ayuntamiento, por su parte, sacará a licitación en breve la plataforma de hormigón que servirá de base para colocar las aulas prefabricadas por parte de la Conselleria de Educación, que permitan el traslado de los alumnos del CP Santo Ángel de la Guarda.
