Veinticinco ciudades españolas entre las que se encuentra Valencia se han comprometido a ser «Zonas libres de paraísos fiscales», lo que implica, por ejemplo, no contratar con empresas que operan en esos países. Oxfam Intermón presentó ayer la campaña con el objetivo general de que los ayuntamientos y diputaciones incorporen en sus políticas de contratación pública criterios que incentiven un comportamiento fiscal más responsable por parte de las empresas licitadoras.

En consecuencia, desde ayer y hasta el 3 de noviembre se harán actos de reconocimiento a las ciudades que ya se han comprometido y otros invitando a más municipios a sumarse a la campaña.

Por lo que se refiere a Valencia, el equipo de gobierno llevará una moción al pleno de mañana para ratificar precisamente este compromiso. Según esa moción, firmada por el concejal de Cooperación, Roberto Jaramillo, y el de Gobierno Interior, Sergi Campillo, los contratos municipales incluirán cláusulas que dificultarán que empresas vinculadas a paraísos fiscales puedan ser contratadas por el Ayuntamiento de València.

«Defenderemos la necesidad de incluir cláusulas que redunden en una contratación municipal limpia, libre de ningún vínculo con comportamientos económicos que están muy alejados de la ética que está siguiendo fielmente el Govern de la Nau», dijo Campillo. «Las empresas con vínculos con paraísos fiscales han de conocer que el Ayuntamiento de València es una institución transparente que gestiona con honestidad los recursos de todos los valencianos», añadió el concejal, que anunció la presentación de la moción durante su intervención en el II Encuentro Internacional de Municipalismo y Economía Solidaria que se ha celebrado desde el jueves en Barcelona.

«Estamos haciendo las cosas bien y por eso se interesan por nuestra gestión más allá de nuestra ciudad», explicó en referencia a su participación en el encuentro como miembro del Govern de la Nau.

Por su parte, el concejal Roberto Jaramillo ha resaltado que con esta moción «lo que pretendemos es, en la medida de nuestras posibilidades, mitigar los graves efectos de aquello que el sistema permite y que se traduce en, por una parte, imponer desde Europa la austeridad y los recortes, y al mismo tiempo, permitir el fraude fiscal de las grandes empresas y fortunas que operan en paraísos fiscales, a través de fondos o de sociedades offshore».