La Entidad Metropolitana de Saneamiento Hidráulico (Emshi)
acatará la sentencia judicial que le obliga a pagar dos millones de euros al Ayuntamiento de Picassent por albergar en su término la planta potabilizadora. Vicent Sarrià, presidente de la entidad, apuntaba ayer que no comparten el auto pero que pagarán y después presentarán recurso para evitar que se perpetue lo que consideran «una cacicada» ideada en su día por Enrique Crespo, exalcalde de Manises „ la otra población que también se beneficiará de otros dos millones„. En 2006 Crespo impulsó un acuerdo para que el municipio que presidía y el de Picassent tuvieran una compensación económica por albergar en sus términos municipales sendas plantas. «Es un canon abusivo que no tiene ninguna justificación, porque no perjudica, ni origina molestias a los dos municipios», explicaba ayer Sarrià.
Según Sarrià el pago de los dos millones supone un «enorme quebranto». Algo que les obligará a reducir las inversiones y también a renunciar a la renovación de la red y su mantenimiento. «Es mucho dinero, no puede ser una buena noticia», incidía Sarrià, quien además reiteraba que la planta potabilizadora de Picassent en todo caso tiene «efectos positivos» para la localidad con puestos de trabajo. Sarrià adelantaba ayer que en el recurso se persigue que el canon no tenga que seguir abonándose en el futuro. En cualquier caso, apuntaba que este castigo no debería verse reflejado en la factura del contribuyente.
El auto, dictado por el juzgado de lo contencioso-administrativo número 10 de Valencia, insta a la Emshi a pagar «en el plazo máximo de un mes». Los dos millones de euros son en concepto de subsidio de cuatro ejercicios, pero un acuerdo de la Emshi del año 2011 anuló ese pago anual, basándose un informe de Secretaría que cuestionaba la validez legal del acuerdo de 2006. En aquella propuesta se incluyó «estudiar una fórmula compensatoria», que no llegó nunca a realizarse. La decisión provocó recursos de los consistorios afectados. Picassent alegó ante la Emshi y al ser rechazados sus argumentos, impugnó los presupuestos de 2012 de la entidad por no tener reservada la partida que le correspondía percibir. Finalmente, el consistorio acudió al juzgado y después de tres años de batalla, obtuvo sentencia firme favorable del Tribunal Superior de Justicia en enero de 2016. El fallo tumbaba el acuerdo que suprimió el subsidio por no haberse adoptado legalmente.
