La sentencia sobre el plus de «peligrosidad» policial ha sentado mal en la Concejalía de Gobierno Interior, que dirige Sergi Campillo, pues se ha encontrado con una situación generada años atrás y que supone un importante perjuicio para las arcas municipales. Así pues, fuentes de la Concejalía de Gobierno Interior aseguraron que se van a estudiar todos los detalles de la sentencia para ver si hay una mínima posibilidad de recurrirla.
Más allá de que sea legal o no lo sucedido y lo reclamado, la sensación del gobierno municipal es que esta sentencia no responde a la realidad actual, que es de consenso total con los sindicatos. De hecho, ha sido este mes de septiembre cuando se ha presentado un convenio para cuatro años que lleva la firma de todos los sindicatos con representación en la mesa de negociación.
Ejecución inmediata
Estas circunstancias no han cambiado, sin embargo, la posición del sindicato de Policía Local Sipol, que está fuera de la Mesa General. Su máximo responsable, Salvador Gimeno, aseguró a Levante-EMV que ya no cabe recursos a la sentencia y que pedirá la ejecución de la misma de manera inmediata, lo que obligaría a incluir los 5 millones en los presupuestos municipales de 2017, una partida inesperada que supondría un importante quebranto para el tripartito.
Gimeno aseguró que los 25 euros mensuales son un derecho de los policías y bomberos que no puede recogerse como productividad, «que se puede eliminar cuando el equipo de gobierno quiera», sino como complemento, que «se consolida en el salario». A su juicio, el resto de sindicatos había aceptado estas condiciones porque en el nuevo convenio les han aumentado el número de liberados y han duplicado la asignación de cursos de formación, que llega a 300.000 euros.
