El plan Especial de Protección del Jardín Botánico, las torres de Quart y la iglesia de San Miguel y San Sebastián ha recibido 150 alegaciones dentro del proceso de exposición al público de este documento, presentado hace seis meses por el Ayuntamiento de Valencia. El elevado número de alegaciones no ha sorprendido a los responsables de la Concejalía de Desarrollo Urbano dada la controversia que ha suscitado por dejar veinte edificios con exceso de alturas del entorno de las Torres de Quart y el Jardín Botánico fuera de ordenación. Esta polémica figura urbanística deja los edificios que se aprobaron con un planeamiento anterior, pero que no se ajustan al actual en una especie de limbo urbanístico obligando, al final de su vida útil, al derribo para ajustarse al nuevo límite de alturas, que en el caso del entorno del Botánico es entre cinco y siete plantas.

La mayoría de las alegaciones que se han presentado al plan del Botánico reclama que se elimine la catalogación de los edificos como fuera de ordenación por exceso de alturas, incluida la que ha presentado el Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia, que aboga por respetar la volumetría existente y que pide también que se mejore la conexión del entorno con el Jardín del Turia.

Los edificios que el plan del Botánico deja fuera de ordenación en aras de mejorar el paisaje urbano en el entorno patrimonial protegido de las torres de Quart y el jardín Botánico se encuentran en su mayoría en la calle Guillem de Castro, aunque también hay edificios afectados en la Gran Vía Fernando el Católico y la calle Quart. En la confluencia de estas dos calles se encuentra el Edificio 2000, una construcción moderna, de once alturas que queda fuera de ordenación y cuyos propietarios han alegado contra esta decisión y, según ha sabido este diario, estarían dispuestos a llegar a la vía judicial. El Edificio 2000 fue uno de los que se construyó en los solares del Colegio de San José vendidos por los Jesuitas en los años 70. Precisamente los antiguos alumnos de este colegio han presentado una de las pocas alegaciones que no tiene que ver con la declaración de fuera de ordenacion. Los antiguos alumnos proponen que las alquerías del solar de Jesuitas, destinado a la futura ampliación del jardín Botánico, se destinen al Museo de Padre Ignacio Sala, un uso que difiere del que fija el plan de protección que la destina a escuela infantil, algo contra lo que alega por su parte Salvem el Botànic por entender que esta dotación no es necesaria.

Los propietarios de los edificios de los números 99, 103, 101 y 74 de la calle Quart, afectados igualmente por estar en el entorno del Botánico y las torres, también reclaman que se les excluya de esta catalogación.

La declaración como fuera de ordenación tiene distintos grados „sustantiva (la más dura) o diferida„, si bien, y salvo que en el propio planeamiento se acuerde un régimen distinto, en los edificios afectados por lo general no se podrán realizar obras de consolidación, aumento de volumen o modernización que pudieran suponer un incremento de su valor. Esta figura solo permite pequeñas reparaciones que exigieren la higiene, ornato y conservación del inmueble.

La rebaja de alturas en el entorno del Botánico, que supone una reducción de edificabilidad residencial de 200.000 m2, tiene por objetivo mejorar el paisaje histórico y la contemplación de los Bienes de Interés Cultural. La concejalía de Desarrollo Urbano tendrá que responder ahora a las alegaciones. La idea, según manifestaron fuentes de la Concejalía de Desarrollo Urbano, es busca el máximo consenso a la hora de aprobar el plan y atender las peticiones de los vecinos pero sin perder de vista el objetivo de la protección del patrimonio histórico. La declaración de un edificio como fuera de ordenación, una situación en la que se encuentran más edificios de lo que podría pensarse en la ciudad, no supone un derribo a corto plazo sino que es una medida prevista al final de la vida útil del inmueble, apuntaron las mismas fuentes.

Al documento también han presentado alegaciones la Asociación en Defensa del Patrimonio, para pedir que se rebaje la velocidad a 30 km/hora.