La Fiscalía provincial de Valencia considera responsable medioambiental de los bajos niveles de l´Albufera, denunciados por el exalcalde de Silla, Francesc Baixauli, a la Junta de Desagüe de l´Albufera «dado que es quien acuerda, decide y ejecuta lo relativo al desagüe, la disposición de caudales hídricos, el nivel de las aguas y el control de las compuertas y estaciones de bombeo» en las golas del Pujol, Perellonet y Perelló.
La Junta de Desagüe la componen los propietarios de tierras enclavadas en los antiguos lindes del lago y se regula por unas ordenanzas aprobadas el 29 de enero de 1926, durante la dictadura del general Primo de Rivera.
Unas ordenanzas que el Ministerio Público considera «claramente preconstitucionales» ya que su contenido «se encuentra derogado por inconstitucionalidad sobrevenida en todo lo que se opone a la Constitución de 1978 y las exigencias de protección y sostenibilidad sobre el lago de l´Albufera, establecidas en la abundante normativa autonómica, estatal, europea e internacional» posteriores a las ordenanzas.
La Junta de Desagüe está presidida por el alcalde o alcaldesa de Valencia que suele delegar en el concejal de Devesa-Albufera aunque, como admite el propio Ayuntamiento de Valencia ante la Fiscalía provincial, sus facultades son «meramente de ejecución de acuerdos de la propia junta y otras de carácter representativo, sin capacidad de decisión». El consistorio «no tiene capacidad decisoria, puesto que la junta la conforman mayoritariamente los propietarios de tierras, en la proporción que marcan las ordenanzas, primándose con un mayor número de votos, hasta veinte, a los mayores propietarios».
Por último, la Fiscalía también asegura desconocer «las prácticas y criterios seguidos por la Junta de Desagüe de l´Albufera en todo lo relativo a la gestión del agua, uno de los elementos naturales más básicos y esenciales del parque natural» ni que sus decisiones «se ajusten o respeten los criterios de sostenibilidad ambiental» que precisa l´Albufera.
