El Govern de la Nau denunciaba ayer la «oposición del PP basada en el colapso de los servicios municipales». El grupo municipal popular llevará hoy a la sesión plenaria un total de 61 preguntas, donde se inquiere hasta por el gasto económico y el consumo de kilovatios en edificios, colegios o mercados. En una de ellas el concejal Vicente Igual pregunta por el reconocimiento de obligaciones de pago del tercer trimestre. El PP reclama autorizaciones y disposiciones, el nombre de las empresas, el importe y a qué partida económica se cargan. Desde el equipo de gobierno se le recrimina que se trata de una petición con «carácter genérico, sin concretar la información que interesa». Además, se le recuerda al edil que por la gran cantidad de «certificaciones, facturas, memorias justificativas, reconocimientos de crédito y propuestas de gastos que se generan especialmente en el último semestre, acceder a la reclamación del PP supondría el colapso del servicio». Justifican en el expediente que para ello se requeriría «la dedicación exclusiva de un elevado número de personal, tanto de la sección administrativa como de la sección de la oficina de coordinación de los servicios centrales técnicos».
Así, se le responde al PP que aunque los concejales tienen un derecho a la información «incuestionable», un fallo del Tribunal Supremo faculta a la alcaldía a la denegación de la misma «cuando la petición sea genérica o abusiva». «Hay que aplicar criterios de racionalidad y proporcionalidad para impedir obstaculizar la actividad de los distintos servicios municipales», razonan. Pese a ello, le remiten al edil popular «un cuadro de excel donde se detalla parte de la información solicitada con la omisión de la aplicación presupuestaria por imposibilidad de añadir el dato mediante las herramientas informáticas disponibles».
