La Junta de Desagüe de l´Albufera, la entidad responsable de administrar los niveles de agua y constituida por todos los propietarios de tierras enclavadas en los antiguos lindes del lago, «no dispone de concesión administrativa u otro título habilitante para la utilización privativa de las aguas u otros bienes del dominio público hidráulico», según ha comunicado la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) a la Fiscalía provincial de Valencia.
La información consta en el procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental iniciado por el Ministerio Público por el daño causado al parque natural de l´Albufera ante los bajos niveles del agua de los que la Fiscalía considera responsable a la Junta de Desagüe, tras una denuncia del exalcalde de Silla, Francesc Baixauli.
La CHJ ha comunicado a la Fiscalía Provincial de Valencia que «la Junta de Desagüe no está reconocida ni registrada» ante el organismo de cuenca «como comunidad de usuarios, ni sus ordenanzas han sido aprobadas o establecidas subsidiariamente» por la CHJ.
Las pesquisas de la Fiscalía también han permitido confirmar que la Junta de Desagüe tampoco figura inscrita «en ningún registro de asociaciones local, autonómico o nacional» a los efectos de una «posible responsabilidad solidaria y/o subsidiaria de sus gestores, administradores de hecho y de derecho y de sus miembros que sean causantes o colaboradores activos del daño medioambiental causado».
La presidencia honorífica de la junta la ostenta el alcalde o alcaldesa de Valencia, aunque actualmente la presidencia delegada la ejerce el concejal de Conservació d´Àrees Naturals i Devesa-Albufera, Sergi Campillo. No obstante, el control real de este organismo lo ejercen los grandes agricultores arroceros. Para pertenecer a la Junta de Desagüe los requisitos son ser mayor de 25 años y poseer o disponer, como mínimo, de veinte hanegadas de tierra en el marjal de l´Albufera.
La comunidad que regula los niveles de l´Albufera se regula por unas ordenanzas aprobadas el 29 de enero de 1926, durante la dictadura del general Primo de Rivera, que la Fiscalía considera «claramente preconstitucionales» ya que su contenido «se encuentra derogado por inconstitucionalidad sobrevenida en todo lo que se opone a la Constitución de 1978 y las exigencias de protección y sostenibilidad sobre el lago de l´Albufera, establecidas en la abundante normativa autonómica, estatal, europea e internacional» posterior a las ordenanzas de 1926.
