La exalcaldesa de Valencia y senadora, Rita Barberá, presumía de carnet de afiliada número 3 en la Alianza Popular de la Valencia de 1976, el germen del PP nacido en la transición. Cuarenta años de una carrera política, treinta y dos como diputada en las Corts y veinticuatro como alcaldesa que, en los últimos compases, se vieron marcados por causas judiciales de los que Barberá había logrado salir indemne, hasta que el caso Taula se cruzó en la herencia de su gestión.
La presunta trama criminal corrupta enquistada en las estructuras del Ayuntamiento de Valencia, la diputación y la Generalitat que investigan el Juzgado de Instrucción 18 de Valencia y la Fiscalía Anticorrupción fue la única que logró sentarla en el banquillo de los acusados, aunque Barberá no habría estado formalmente imputada hasta que el Tribunal Supremo solicitara el suplicatorio al Senado. Su declaración el pasado lunes ante el Alto Tribunal fue a petición propia y en calidad de «investigada» por su relación con el supuesto blanqueo de capitales de 50.000 euros presuntamente procedentes de dinero negro, cometido por el grupo municipal popular en las elecciones municipales de 2015. Una investigación que acabó salpicando al Partido Popular como persona jurídica, formación política que Barberá abandonó cuando el Tribunal Supremo anunció el pasado 14 de septiembre que abría una investigación contra ella, por su condición de aforada. Y también por «coherencia» con la imputación del resto de ediles, asesores y exconcejales del PP de Valencia ya que la regidora era «su superior jerárquica como alcaldesa y la máxima responsable del grupo municipal popular», tal como fijaron el juez de Instrucción 18 y el Supremo.
En el caso Taula también se han visto implicados estrechos colaboradores de Barberá como la secretaria del grupo popular, Mari Carmen García-Fuster, a la que la exalcaldesa dejó en una delicada situación en su declaración del pasado lunes al asegurar desconocer la existencia de las dos cuentas bancarias del grupo municipal popular que manejaba su amiga íntima. «Desconozco todo absolutamente de las cuentas», defendió Barberá. Incluso alegó completa ignorancia en las donaciones «anónimas» que García-Fuster se encargaba de recoger de la mano de un recaudador que no quiso identificar. La exalcaldesa sostuvo ante el juez del Supremo, Cándido Conde-Pumpido que se enteró por la prensa de los 317.050 euros logrados por el PP entre 2002 y 2014. Un total de 245.450 euros entre 2006 y 2014, según el juez instructor del caso Taula. «La señora Fuster no me comunicó, ni me dio cuenta de esas aportaciones», afirmó la exalcaldesa el pasado lunes.
El fallecimiento de Rita Barberá obliga ahora al Supremo a archivar la «causa especial 3/20371/2016» contra la senadora como marca obliga el artículo 130 del Código Penal, que extingue cualquier responsabilidad por fallecimiento de un encausado. La causa, no obstante, seguirá instruyéndose en Valencia tanto en lo que respecta al blanqueo de capitales como a la presunta financiación ilegal del PP de Valencia.
La investigación por los desmanes en la gestión de Feria Valencia, cuyo consejo de administración también presidía la exalcaldesa, y que aún investiga la Fiscalía Anticorrupción y la policía tampoco podrá incluir a la exregidora tras su repentino fallecimiento.
Bolsos de Loewe en Gürtel y Emarsa
Además de estos dos casos de presunta corrupción, otras cinco causas salpicaron de sospechas la gestión de la exalcaldesa sin que llegaran a implicarla directamente. Como el caso Gürtel que va a sentar en el banquillo de los acusados, o ya lo ha hecho, a la cúpula del Partido Popular de la Comunitat Valenciana y a siete exconsellers y vicepresidentes del Consell de Francisco Camps, entre otros imputados. Durante cuatro años, Barberá fue obsequiada con bolsos de Louis Vuitton por los responsables de Orange Market, la sucursal valenciana de la trama Gürtel. «No nos da nada, pero tampoco nos hace nada», admitía el cabecilla de la trama en Valencia, Álvaro Pérez «el Bigotes», en una conversación grabada por los agentes de la Unidad de delincuencia económica y fiscal (UDEF).
Del caso Emarsa, que investiga el saqueo de la depuradora de Pinedo, la exalcaldesa también salió indemne a pesar de que el ayuntamiento que dirigía eligió al gerente y presunto cabecilla de la trama corrupta, Esteban Cuesta (alcalde pedáneo del PP), quien asegura que regaló bolsos de Loewe a la regidora y pagó cenas de militantes al partido. Otro de los imputados, el exconcejal del PP en Valencia Juan Carlos Gimeno, también denunció que Barberá conocía todo lo que sucedía en la empresa pública. la regidora ni siquiera fue citada como testigo durante la instrucción de la causa judicial cuyo juicio está pendiente de celebrarse en la Audiencia de Valencia.
Barberá también salió airosa del «Ritaleaks», la denuncia de Compromís por los gastos de alcaldía durante cuatro años en regalos, viajes y hoteles que ascendieron a 278.000 euros y que el Supremo decidió no investigar el pasado 12 de julio.
El Alto Tribunal también decidió archivar otra denuncia presentada por los socialistas contra Rita Barberá por no retirar los símbolos franquistas en Valencia e incumplir la Ley de memoria histórica de 2007 ya que no existía una orden directa y expresa para eliminarlos, por lo que la exregidora no podía negarse a cumplirla.
El letrado de Barberá pide reflexionar sobre el trato a investigados
El letrado que ha representado a Rita Barberá en la causa por blanqueo en el Supremo, José Antonio Choclán, reclamó ayer una reflexión sobre el trato mediático que reciben los imputados por corrupción y ha reconocido que, en ocasiones, los penalistas ejercen más como psicólogos que como abogados. Choclán insistió en que hubiese deseado «otro archivo» del proceso contra Barberá distinto al que se deriva de su fallecimiento. «Habría que reflexionar sobre cómo se la ha tratado a ella y a todos los demás, esa angustia la vivimos a diario los abogados penalistas, ese sufrimiento interior no lo sabe nadie. Muchas veces ejercemos más como psicólogos que como abogados, por eso sería bueno reflexionar sobre el daño que se hace a los procesados», agregó. «El sufrimiento —señala Choclán— empieza con la imputación, y una absolución no se percibe como una gran noticia por el daño recibido».
