El magistrado del Tribunal Supremo Cándido Conde-Pumpido deberá decidir si remite la declaración voluntaria de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, al Juzgado de Instrucción 18 de Valencia que investiga el presunto blanqueo de capitales cometido por el grupo municipal del PP de Valencia en una pieza separada del «Caso Taula». La causa especial 3/20371/2016 abierta en el Supremo contra la senadora se archivará, tras su fallecimiento el pasado miércoles, aunque su declaración podría tener recorrido judicial si así lo decide el magistrado Conde-Pumpido o la reclama alguna de las defensas para que se incorpore a la causa.
Aunque según fuentes judiciales consultadas por Levante-EMV el testimonio autoexculpatorio de una investigada «no es relevante» a efectos judiciales. La exalcaldesa centrifugó responsabilidades en su última comparecencia pública en el Supremo antes de fallecer, al derivar en sus antiguos portavoces, Alfonso Grau y Alfonso Novo, todas las decisiones sobre las campañas electorales -2011 y 2015- que se investigan en el «Caso Taula» por presunto blanqueo de capitales y financiación ilegal del partido (delito electoral). También derivó en su amiga personal y secretaria del grupo municipal del PP, Mari Carmen García-Fuster, el control sobre la cuenta opaca al Tribunal de Cuenta y aseguró desconocer la existencia de los 317.050 euros donados de forma anónima, e irregular, al PP de Valencia entre 2002 y 2014, acreditados en la investigación. Para ahondar en estas cuestiones la investigación en el Supremo iba a continuar con la petición de más citaciones (los asesores que se negaron a pagar los 1.000 euros del supuesto pitufeo y la exconcejal y asesora que admitieron los hechos), en contra de lo asegurado por fuentes del PP quienes auguraban un inminente archivo de la causa por el Alto Tribunal tras la declaración de Barberá.
