La Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2017 ha incluido una enmienda que fija una moratoria de dos años para las «expropiaciones rogadas», lo que permitirá al Ayuntamiento de Valencia no gastar en 2017 y 2018 alrededor de 80 millones de euros por este concepto. Así al menos lo ha asegurado el Concejal de Hacienda, Ramón Vilar, que espera que para entonces ya se haya revisado la Ley del Suelo y este problema endémico de los municipios se vea reducido casi totalmente.
La legislación actual permite que los propietarios de suelo grafiado como suelo dotacional pidan al consistorio la expropiación del mismo si en el plazo de cinco años no han hecho aprovechamiento del mismo. Esa posibilidad, unida a la crisis de la construcción, ha hecho que muchos propietarios hayan reclamado la expropiación de sus parcelas y que el ayuntamiento se vea en la obligación de hacerlo, con precios que fija el Jurado Provincial de Expropiaciones e independientemente de que las necesite o no.
Según datos oficiales, el Ayuntamiento de Valencia tuvo que pagar en el año 2014, la friolera de 28,9 millones de euros por este motivo, mientras que en el año 2015 la cifra se elevó a 33 millones y en el actual ejercicio 2016 será de 41,3 millones.
En todos estos años, la cifra final ha triplicado o cuatriplicado las previsiones municipales, lo que ha obligado a hacer modificaciones de crédito y detraer dinero de otras partidas para atender éstas.
Ante tales circunstancias, el Grupo Socialista en las Corts Valencianes y Compromís propusieron una enmienda en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat para establecer una moratoria de dos años en esta sangría económica. Y ha sido aprobada con apoyo de Ciudadanos y Podemos y la abstención del PP.
La nueva disposición recoge, literalmente, que «a partir de la entrada en vigor de la presente ley, el cómputo de los plazos para advertir a la administración competente para que presente la hoja de aprecio correspondiente y para que se dirija al jurado provincial de expropiación para fijar el precio justo establecido por el artículo 104.1 y 104.2 de la Ley 5/2015, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana, quedan suspendidos hasta el 31 de diciembre de 2018».
En estos dos años de moratoria el Ayuntamiento ahorrará el 90% de la partida de expropiaciones. De hecho, este año sólo ha habido una expropiación voluntaria, la de la apertura de la calle Hort d´en Cendra, cuyo coste ha sido de 316.975 euros.
