La formación del nuevo Gobierno de Mariano Rajoy, con caras nuevas y otras conocidas, supondrá también cambios en el Consorcio Valencia 2007, donde están representados el Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia. El EJecutivo estaría sopesando transferir las competencias del Consorcio a la Vicepresidencia, con Soraya Saenz de Santamaría al frente, dando así un perfil más político y menos técnico a su presencia en este órgano.

Esa es al menos la información que maneja el Ayuntamiento de Valencia, cuyo alcalde, Joan Ribó, convocó formalmente hace unos días a las administraciones consorciadas a una reunión del consejo rector con el objeto de aprobar los nuevos presupuestos y negociar una salida para la situación de asfixia económica del ente. El Gobierno, que ocupa una de las vicepresidencias del consejo rector, ha dejado con Mariano Rajoy el control del Consorcio en manos del Ministerio de Hacienda, En los últimos años el interlocutor del Gobierno ha sido el secretario de Estado de Administración Pública, Antonio Beteta, mano derecha del ministro Cristobal Montoro, al que las administraciones valencianas han reclamado insistentemente la condonación del ICO de 400 millones que lastra la gestión de la marina real. Una petición a la que hasta ahora no se ha dado una respuesta formal con el argumento de la interinidad.

Una vez formado el Gobierno «es urgente» reunir al consejo rector, destacaron fuentes del Govern de la Nau, que apelaron a la «responsabilidad» de la administración para dar una solución a la complicada situación económica y al bloqueo instalados desde hace tiempo en el Consorcio. El ayuntamiento advierte de que la interinidad ya no es excusa y que hay cuatro contratos pendientes de renovar „el de jardinería, suministro eléctrico, seguridad y detección de incendioas y de mantenimiento del paseo elevado„ porque están a punto de caducar. Una situación de bloqueo de los contratos que no es nueva y que ya se produjo hace un año.

Ante los cambios que se anuncian en el Consorcio, el Govern de la Nau avanzó ayer que se incluirá en el orden del día del consejo una propuesta del alcalde y presidente de Valencia 2007 para la creación de una comisión técnica con representantes de las tres administraciones que regule la financiación del consorcio. Dicha comisión impulsará igualmente la elaboración de un «libro blanco» para la Marina cuyo objetivo será fijar a largo plazo las líneas de actuación políticas y de negocio en el recinto evitando la incertidumbre que provocan los cambios políticos.

Ribó va a solicitar al Gobierno que asume la deuda de 70 millones de euros de la poliza de crédito del Santander cuyo impago provocó el embargo de la mayor parte de los ingresos generados por la explotación de la marina. Esta poliza de crédito para pagar la variación de intereses del crédito del ICO fue impuesta por el mismo Instituto de Crédito por lo que el ayuntamiento ve lógico que el Gobierno asuma esa responsabilidad.