La Concejalía de Mercados aplazó ayer 15 días el desahucio de un bar del Mercado Central que presentaba, según el expediente, «graves deficiencias», entre ellas problemas de limpieza y la elaboración de alimentos sin tener permiso para ello. Estos quince días son para que la empresa concesionaria saque todos los productos que hay en el interior del local, aunque ésta confía en que antes de esos quince días haya una resolución de la querella que le han puesto al concejal por prevaricación y no se produzca finalmente el lanzamiento.

El bar en cuestión ocupa los puestos 5 y 7 del Mercado Central, puestos que están fuera del recinto, en la calle María Cristina. Su nombre es Supergourmet y tiene la concesión desde el año 2007. Pero desde el primer momento han tenido problemas con el tipo de actividad que podían realizar. Según admitió el apoderado de la empresa, Diego Molina, ya entonces les comunicaron que no podían ofrecer productos elaborados, es decir, tener cocina, ya que podía perjudicar la estructura del mercado recién reformado.

En el propio mercado, sin embargo, «nos aconsejaron que no hiciéramos demasiado caso de eso, porque todos los puestos sobrepasaban los límites y se hacía la vista gorda». Y así fue, porque «durante todos estos años han estado ofreciendo comida elaborada sin que nadie dijera nada», según Molina, que asegura que los problemas comenzaron a finales del año pasado y por un problema de «manía persecutoria» del actual equipo de gobierno.

Inspección sanitaria

Según cuenta, en septiembre de 2015 le hicieron una inspección veterinaria que concluye que había problemas de limpieza y que se elaboraban alimentos en contra del epígrafe de la concesión, que no autoriza esta actividad. Se trataba de «graves deficiencias» por las que se ordenó el cierre cautelar de la actividad.

No obstante, esas deficiencias fueron subsanadas «en cuatro días» y aunque tenían permiso de la Generalitat, advierte, se dejó de cocinar, por lo que 19 días después se autorizó la reapertura.

La sorpresa, sin embargo, vino el 16 de febrero pasado, cuando la Concejalía de Comercio le comunicó la extinción de la concesión y ordenó el cierre de los puestos en 30 días. Los motivos «eran los mismos que ya se habían subsanado, pero la resolución dice que se seguía cocinando».

Como la empresa considera que todo esto es «falso» y que se actúa con este bar de una manera diferente al resto „«las fruterías venden, por ejemplo, zumos y macedonias sin poder hacerlo», dice„ se presentó una querella contra el concejal Carlos Galiana por prevaricación.

Eso y otros recursos legales han ido aplazando el desahucio hasta ayer, que era la última fecha. Pero la comisión municipal, con la veterinaria al frente, fue recibida por los 10 trabajadores con una pancarta que denunciaba la pérdida de sus puestos de trabajo. También los representantes de la empresa y el abogado, Alfredo García, estaban allí. Todos se enfrentaron a la comisión hasta que se recibió una llamada de la concejalía que les concedía quince días para sacar todas las cosas. Pasado ese tiempo se le retirarán las llaves.

Ese aplazamiento era lo que pedía la empresa, pues espera que en los próximos días se resuelva la querella y no haya desahucio.