La Comisión de Desarrollo Urbano celebrada ayer volvió a enfrentar al equipo de gobierno y la oposición sobre su casi antagónica visión sobre el modelo de movilidad para la ciudad. Ante la propuesta del Partido Popular «para que se atiendan las consecuencias económicas sufridas por los vendedores del Mercado Central a causa de la peatonalización del entorno de La Lonja», el concejal Giuseppe Grezzi recordó que su actuación fue premiada por el Ministerio de Medio Ambiente y dijo que había mantenido una veintena de reuniones con estos los comerciantes, con lo que ha llegado a acuerdos como la mejora en la señalización para facilitar el acceso tanto al mercado como a los aparcamientos concertados.

«En una de esas reuniones les pedí datos de los perjuicios económicos que decían tener, y a día de hoy todavía no me han facilitado ningún dato», añadió Grezzi, algo que para el popular Alberto Mendoza es «inadmisible», porque Grezzi «pretende fiscalizar» la actividad económica de los vendedores para justificar su inoperancia y el caos que ha generado». Ciudadanos se expresó en términos similares.

Respecto a Barón de Cárcer, Ciudadanos presentó una moción con carácter de urgencia para pedir «actuaciones inmediatas y urgentes» en la avenida tras la sucesión de accidentes. Grezzi considera que las actuaciones son completamente correctas en esta vía y se mostró ayer «encantado» de que la Concejalía de Protección Ciudadana se haya prestado a «colaborar» con su departamento para controlar las infracciones de los viandantes. Sobre el informe que presentará el cuerpo, Grezzi asegura que no era necesario para aplicar el cambio de sentido y que estos informes son habituales cuando se producen accidentes.

El Grupo Popular urgió al tripartito, mediante una otra moción a que «elimine los resaltes, rediseñe el carril bici y proceda a regular con semáforos la CV500», actuaciones que Movilidad anunció que ayer mismo se iban a poner en marcha, pero que el mal tiempo pospuso.

Por último, el equipo de gobierno decidió, con la abstención del Partido Popular y de Ciudadanos, se comprometió a reclamar al Gobierno de España el contrato programa para el transporte metropolitano y si llega «estudiaremos la revisión de las tarifas de la EMT».