La Auditoría Social 2013-2015 encargada por el Ayuntamiento de Valencia para evaluar la situación de la plantilla municipal ha certificado que en los últimos tres años se han perdido 209 empleos y que en la próxima década se jubilará el 28% de la plantilla, es decir, cerca de 1.300 trabajadores, lo que significa que los servicios municipales han quedado al borde de la «descapacitación» debido a los recortes y amortización de plazas del PP, según anunció ayer el concejal de Gobierno interior del Ayuntamiento de Valencia, Sergi Campillo.
Los datos de esa auditoría, presentada ayer en el Salón de Cristal ante un centenar de empleados, indica que sólo en los tres últimos años en el consistorio se han perdido 209 trabajadores, las vacantes se han disparado hasta las 1.031, la edad media se ha situado en 48,7 años y la previsión es que en los próximos diez años se jubile el 28 % y que en los próximos 20 lo haga el 71 %.
Es decir, se ha perdido empleo por la no reposición de jubilaciones en los últimos años, y se ha producido un envejecimiento de la plantilla, un 68 % de la cual tiene más de 45 años y cuya edad media crece a un ritmo de 7,8 meses por año. En el ayuntamiento no trabaja nadie de menos de 25 años y los menores de 35 apenas representan el 2,5%.
Por lo que se refiere al gasto en personal, el porcentaje del mismo respecto al gasto corriente ha caído del 41,7 del año 2012 al 36,9 de 2016. Y si se compara la situación de la plantilla de Valencia con el de las otras grandes ciudades españolas, la Auditoría Social certifica que la tasa de funcionarios por cada mil habitantes es más baja que la de Madrid, Sevilla, Bilbao y Zaragoza. Sólo Málaga está ligeramente por debajo de Valencia en materia de personal. Y a todas estas circunstacias hay que añadir que no existía movilidad y que casi la mitad de los trabajadores lleva más de 20 años en su puesto de trabajo.
En conclusión, el Ayuntamiento de Valencia corre el riesgo de «un estrangulamiento de la actividad municipal por déficit de efectivos. Existe «riesgo objetivo de descapacitación de la administración municipal», por lo que Campillo considera urgente acometer medidas dentro de las posibilidades que tiene el equipo de gobierno a nivel presupuestario y también a nivel legislativo, pues las cuentas municipales están intervenidas de facto por el Plan de Ajuste impuesto por el Ministerio de Hacienda al anterior gobierno popular.
En ese sentido, Campillo anunció acciones en materia de planificación de recursos humanos, medidas relacionadas con la jubilación, estabilización del empleo público, regulación de la movilidad voluntaria, introducción de nuevas tecnologías y creación o consolidación de empleo.
Ya este año se han contratado 255 interinos, se han sacado 124 nuevas plazas de funcionario y se está potenciando igualmente la promoción interna. También se han creado bolsas de trabajo especializado. Y hay una disposición a la «funcionarización» de algunos puestos de trabajo. En 2015 existían 610 trabajadores con la categoría de funcionario interino, con una media de 46,7 años y una antigüedad media de 12,5 años.
En cuanto a los retos hasta 2019, Sergi Campillo habló de la implantación del Plan Estratégico de la Gestión de las Personas, la evaluación del rendimiento y la progresión en la carrera profesional.
