La Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Valencia tiene en estudio dos nuevas tasas municipales para el próximo ejercicio: una será por pedir el contraanálisis tras una prueba de alcoholemia y otra afectará a los «grandes generadores de residuos urbanos». Se trata, según el concejal Ramón Vilar, de una propuesta «aún en fase muy incipiente» que habrá que precisar con los técnicos y con el resto de los grupos que integran la coalición de gobierno.

Por lo que se refiere a los test de alcoholemia, la idea es que aquellas personas que den positivo y pidan la confirmación con la prueba en sangre tendrán que pagar el coste de ésta prueba si se confirma el positivo. Si efectivamente era un error, no tendrán que abonar el importe de la misma.

Según explicó Vilar, la mayoría de las personas que dan positivo en los controles de la Policía Local piden el contraanálisis «por si suena la flauta», lo cual tiene un coste para las arcas municipales que no deberían asumir.

El concejal sabe que la recaudación por este motivo no será muy importante, pero entiende que es una cuestión de justicia.

La segunda nueva medida que tiene en mente la Concejalía de Hacienda es una tasa especial a lo que denomina «grandes generadores» de residuos urbanos. Se trata de cobrar una tasa extraordinaria por gestión de basuras a aquellas «actividades comerciales, industriales, profesionales, artísticas, administrativas, de servicios y sanitarias, públicas o privadas», que generen cantidades superiores a las normales. De hecho, esta tasa no afectará en ningún caso a inmuebles que tengan uso residencial o de almacén-estacionamiento. Es decir, no afectará a los ciudadanos corrientes, precisó Ramón Vilar.

Posibles exenciones

En principio, esta tasa estará vinculada a la actividad y no a la propiedad del local, aunque los detalles de la nueva medida habría que establecerlos con los técnicos y muy especialmente con la Delegación de Medio Ambiente, que tendría que definir quienes tienen carácter de «grandes generadores de residuos sólidos».

Una de las posibilidades que se valoran a día de hoy es establecer, así mismo, una exención del 90% a los organismos públicos vinculados a la investigación, la enseñanza (también los colegios concertados) o la sanidad. En este último apartado entrarían todos los hospitales de la red pública.

Al margen de estas dos nuevas tasas, la Concejalía de Hacienda quiere introducir modificaciones en alguna otra. Una de ellas es la que se conoce históricamente como «tasa de palomillas», ya que el Tribunal Supremo ha dictaminado que se puede cobrar un impuesto a las compañías eléctricas o de gas que tengan conducciones a lo largo del término municipal aunque éstas no sean para dar servicio al propio domicilio. Es decir, «el Supremo dice que se tiene que pagar simplemente por pasar», precisa el concejal.

La otra tiene que ver con la financiación del servicio de bomberos. En la actualidad, el Consorcio de Seguros aporta anualmente una importante cantidad de dinero a este servicio por la repercusión que su trabajo tiene en las propias aseguradoras. Pero ese dinero es finalista y sólo puede destinarse a inversiones, no a ninguna otra cosa. Ahora, Hacienda propone, a instancias de la Concejalía de Protección Ciudadana, que ese dinero se pueda utilizar en otras cuestiones. «A veces es más fácil comprar un camión de bomberos que arreglar los que se averían», dijo Vilar.