La concejala de Servicios Sociales, Consoll Castillo, confirmó ayer la adjudicación de una de las tres zonas del Servicio de Asistencia Domiciliaria (SAD) a la empresa que quedó en segundo lugar en el concurso después de que la ganadora de las tres zonas, Gesmed, renunciara a una de ellas voluntariamente. Se evita así la concentración del servicio, valorado en 13 millones de euros para los próximos dos años, en una única compañía, cosa que no había ocurrido antes en la ciudad y que no era del agrado de ninguna de las partes, incluida la adjudicataria.

Consol Castillo quiso resaltar «la transparencia de los contratos» en su delegación, contratos que en todos los casos «se adjudican a las empresas que mejor precio han ofrecido». «Mientras yo sea la responsable de los servicios sociales todos los contratos serán escrupulosos en el cumplimiento. Valoramos los proyectos, las propuestas y el control posterior, no las personas que hay detrás de las empresas», dijo la concejala en referencia a Emèrit Bono y Joan Ignasi Pla, director y responsable de estrategia respectivamente de la empresa Gesmed.

Confirmó, así mismo, que tras la renuncia de esta empresa a una de las zonas del SAD, «la Concejalía de Bienestar Social se encuentra en el proceso de cubrir la vacante con la que quedó en segunda posición». «Desde Bienestar Social se exige un cumplimiento escrupuloso de la ley y de los contratos. Tenemos una opinión magnífica de las empresas que facilitan el servicio», explicó la concejala.

Bajando las listas de espera

Una de las áreas de atención domiciliaria es la Teleasistencia, destinada a personas con más autonomía y que viven en su domicilio. Actualmente hay contratados 5.348 terminales y se prevé una ampliación a 5.800, lo que permitiría acabar con la lista de espera de 455 personas. El coste para el ayuntamiento de la Teleasistencia es de 1.100.000 euros anuales y una de las fórmulas que se barajan para aumentar el servicio a más personas es rebajando el nivel de renta exigida.

Otra de las áreas es «Menjar a casa», un servicio que consiste en llevar la comida del día a los domicilios de personas mayores de 65 años en situación especial y que sufren algún problema de nutrición. El pago del servicio se distribuye entre la conselleria, con un 42%, el usuario un 34% y el ayuntamiento un 24%, lo que supone 158.000 euros. Actualmente, dijo Castillo «se presta a 450 personas y la lista de espera es de 200», lo que no supone una cifra alta, ya que este recurso no está limitado por la renta y la población de Valencia de mayores de 65 años es de 156.835 personas.

La tercera área, «la joya de la corona», según Consol Castillo, es la «Ajuda a domicili», un programa en el que hay 1.808 personas asistidas y «sólo constan 46 en lista de espera, lo que podría mejorar con el nuevo contrato». El coste es de 6.656.237 euros.