Explotaciones Marítimas de Levante (EML), la empresa gestora de puertos deportivos cuya denuncia ha motivado la apertura de un expediente por parte de la Comisión Europea al Consorcio Valencia 2007 para determinar si las ayudas públicas que recibe incurren en competencia desleal, no persigue una indemnización económica. Tampoco la devolución de las ayudas recibidas por el consorcio, el organismo formado por el Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia responsable de la gestión y explotación de la Marina Real Juan Carlos I. Su objetivo es que las administraciones dejen de sostener económicamente un puerto deportivo que no es rentable.
EML, una mercantil vinculada a la familia del ex conseller de Economía del PP y ex delegado del Gobierno, Carlos González Cepeda, presentó en 2014 una queja contra el consorcio ante la Comisión de Defensa de la Competencia de la Generalitat que no prosperó por lo que sus responsables decidieron acudir a Bruselas, que ahora ha abierto un expediente al Consorcio.
El ex conseller no quiso hacer valoraciones ayer sobre el expediente abierto por Bruselas al Consorcio. La denuncia contra el Consorcio se interpuso cuando González Cepeda era consejero de EML, empresa al frente de la cual en la actualidad está uno de sus hijos y que en 2008 fue objeto de polémica por explotar un elevado número de amarres del puerto deportivo de la Pobla de Farnals que carecían de autorización de la Generalitat.
La empresa denunciante, que gestiona el puerto deportivo de la Pobla de Farnals, uno de los ocho clubs náuticos privados de la provincia, apunta que la marina real no es rentable. Apuntan que así lo afirma el propio informe de auditoría realizado en 2015 por la Intervención General del Estado al Consorcio, que concluye que la continuidad de la actividad está condicionada por los litigios pendientes con el Santander, que mantiene embargados los ingresos del consorcio, y por las incertidumbres sobre las aportaciones económicas de las administraciones. Cuando una empresa no funciona, tiene que cerrar, añadieron fuentes de EML que aboga por que las administraciones públicas destinen el dinero que aportan al consorcio a iniciativas que funcionen.
La Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia llevan meses reclamando al Gobierno de Mariano Rajoy que condone la deuda de más 400 millones de euros del Consorcio con el ICO y a la que está haciendo frente el Estado como avalista del préstamo concedido para las obras deportivas de la Copa del América en 2007. El Consorcio fue creado en 2003 con el objetivo de alcanzar la autofinanciacion a través de la explotaciones de las instalaciones deportivas, entre ellas, los 800 amarres para yates y megayates, el edifico Veles e Vents y las bases deportivas.
Nueve años después del evento deportivo los objetivos están muy lejos de cumplirse. El Consorcio se declaró incapaz de hacer frente a sus deudas con el ICO, que no son las únicas que asfixian a este organismo, cuyos ingresos por las concesiones están embargados ante el impago de una poliza de crédito contraída con el Santander.
