El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, minimizó ayer la repercusión que pueda tener la apertura de un expediente al Consorcio Valencia 2007 por posible competencia desleal con los puertos deportivos privados por parte de la Comisión Europea. Moragues aseguró que «este tipo de procedimientos son muy habituales y más si son derivados de una denuncia» y recalcó que las tres administraciones implicadas en el consorcio (Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento de Valencia) «vamos a ir de la mano». Así harán un informe de alegaciones conjunto, «acorde» y «coherente» en el que «se darán las explicaciones oportunas», dijo Moragues.

Tal como avanzó este diario, la denuncia en Bruselas la ha interpuesto una empresa que gestiona un puerto deportivo en Pobla de Farnals que considera que las ayudas públicas otorgadas al Consorcio Valencia 2007, que gestiona la Marina de Valencia pueden constituir competencia desleal. Se da la circunstancia de que la empresa denunciante es propiedad de la familia del ex conseller de Economía del PP Carlos González Cepeda.

Moragues se pronunció en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse con la Plataforma Motera para la Seguridad Vial al ser preguntado por este asunto. Moragues explicó que se ha trasladado a las tres administraciones un procedimiento abierto para averiguar si ha habido alguna ayuda ilegal sobre el tema de los amarres de la Marina. «Hablamos de una cuestión muy particular derivada de una denuncia de un club náutico cercano a Valencia y se nos ha dado un periodo para hacer alegaciones, justificaciones», explicó.

La abogada jefa del Estado de Delegación de Gobierno ya se ha reunido con los responsables del Ayuntamiento de Valencia para abordar el expediente iniciado por Bruselas. Las administraciones consorciadas intentarán probar que sus aportaciones a la marina, con 800 amarres, no son ayudas públicas y que el recinto no compite sino que impulsa el sector.