El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación que la inmobiliaria Guadalmedina (familia Ballester) presentó contra la sentencia de enero de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que anula la permuta de la fábrica de la Tabacalera, actual ayuntamiento, por considerarla una operación especulativa y expolio del patrimonio histórico. La sentencia llega diez años después del derribo de las naves de la fábrica.

El Tribunal Supremo recuerda que es la segunda vez que el contencioso de la Tabacalera pasa por el alto tribunal, que ya instó en 2013 al TSJ a revisar la permuta y el convenio urbanístico. El Supremo rechaza siete de los ocho argumentos, en su mayoría por defectos de forma y procedimentales, que esgrime Guadalmedina y la condena en costas fijando una cuantía de 4.000 euros. El fallo agotaría la vía judicial.

El retraso en la resolución de este caso hace casi inviable devolver las cosas a su estado inicial puesto que ya se han ejecutado casi el 70% de las viviendas y la Tabacalera funciona desde hace años como ayuntamiento. Así lo creen los responsables de la Concejalía de Desarrollo Urbano, ahora gobernada por el PSPV, que negocia un acuerdo con Ballester para legalizar las viviendas „que con la sentencia en la mano están fuera de ordenación„ y trasladar la edificabilidad que aún tiene la promotora detrás de la fábrica a otro punto de la ciudad.

Revertir la situación supondría indemnizaciones millonarias a los propietarios y a la promotora, a la que el ayuntamiento concedió licencia de obras, así como devolver al promotor la Tabacalera.

El Supremo solo admite el tercer punto del recurso de casación de Guadalmedina que considera que los convenios urbanísticos deben ser independientes del planeamiento, pero rechaza el resto de argumentos relativos a la falta de motivación, a la sustitución de una magistrada de la sala y falta de motivación, entre otros, y ratifica el fallo del TSJ que anuló la permuta.

En la permuta impulsada por el anterior gobierno del Partido Popular con Guadalmedina „calificada en su día por el PSPV como «el mayor pelotazo urbanístico» visto en la ciudad„ el ayuntamiento obtenía la fábrica a cambio de ceder suelo en la parte trasera de la misma, previo derribo de parte de la fábrica, y en la plaza de América para construir 230 viviendas de lujo. El negocio inmobiliario de Guadalmedina se calculó en su día en cerca de 200 millones. La promotora, que obtuvo a cambio de una fábrica adquirida por 13 millones de euros, 30.000 metros cuadrados de edificabilidad residencial en las mejores zonas de Valencia, tenía previsto edificar entre la plaza de América y Micer Mascó 230 viviendas con sus correspondientes plazas de garaje y bajos comerciales.

Las viviendas se pusieron en el mercado por entre 600.000 y un millón de euros.