La decisión del Tribunal Constitucional de anular el impuesto de plusvalías no generará un gran agujero en los presupuestos del Ayuntamiento de València. Para una previsión de 34 millones de euros este año, el concejal de Hacienda, Ramón Vilar, calcula que se perderían apenas tres millones, una cantidad perfectamente asumible por las arcas municipales. En cualquier caso, todo dependerá, dice el concejal, de la evolución de la situación, que aún está en una fase muy primaria.

Y es que la sentencia del Constitucional tiene dos aspectos a tener muy en cuenta. El primero es que únicamente afecta a la administración foral de Guipúzcoa; y el segundo es que se refiere a quienes puedan demostrar que no se ha producido un incremento del precio del inmueble.

Recordemos que la sentencia viene a decir que no se puede cobrar un impuesto destinado a gravar el incremento de valor de un inmueble cuando no se ha producido tal incremento, como es el caso de miles de viviendas y locales vendidos tras el boom inmobiliario y la crisis económica.

Así, el concejal de Hacienda, Ramón Vilar, advierte de que habrá que esperar a que el Constitucional haga extensivo su dictamen al resto del país, cosa que con toda probabilidad se producirá, pero que de momento no tienen una fecha fija. Es posible incluso que esa decisión no se produzca en lo que queda de año, con lo cual no habría afección alguna.

Y si finalmente fuera así, Vilar recuerda que los posibles afectados tendrán que demostrar mediante peritaje, tasación u otro tipo de fórmula, que no se ha producido un incremento del precio del inmueble, lo que significa que la norma no será de aplicación general.

Los cálculos municipales

En consecuencia, si para este año está previsto recaudar 34 millones de euros por el impuesto de plusvalía, el concejal de Hacienda cree que el consistorio podría dejar de ingresar apenas tres millones, que corresponderían a esos contribuyentes que pudieran demostrar que no hubo lucro en la operación.

Si finalmente son tres millones de euros, Vilar asegura que no se producirá un agujero importante en los presupuestos municipales de 2017, cuyos ingresos se sitúan en los 780 millones de euros. Sería una cantidad perfectamente asumible, dice, aunque aún no se ha señalado la fórmula para enjugar en las cuestas tal merma.

Ayer mismo se celebró la Comisión de Hacienda previa a los plenos de cada mes y este asunto no se trató en profundidad. Ya se están celebrando, eso sí, reuniones para abordar este asunto desde un punto de vista técnico.

El impuesto de plusvalías, que como se ha dicho generará este año más de 34 millones de euros, se sitúa entre los tres impuestos más importantes de las administraciones locales junto con el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Los otros dos son el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

Existe también la posibilidad, más que probable, de que el Gobierno, a partir de la resolución del Tribunal Constitucional, haga una reforma del impuesto de plusvalía y fije unas nuevas reglas del juego, lo que obligaría a los ayuntamientos a partir de cero.

Cualquier decisión, en todo caso, tendría que aplicarse de forma retroactiva, es decir, abonar lo que se hubiera cobrado indebidamente en los últimos cuatro años, que es el tiempo que tardan en prescribir los asuntos económicos.

Esta misma semana seguirán las reuniones y desde el ayuntamiento, pues, estarán muy atentos a las decisiones que adopta el Tribunal Constitucional y el propio Gobierno de la nación, que aún tienen que pronunciarse sobre este caso.