El Ayuntamiento de València reclamará al Estado el dinero que tenga que devolver a los contribuyentes tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las plusvalías, una cantidad que puede ser de unos tres millones de euros al año y de hasta 12 millones si se aplica la retroactividad que permite la ley. Así lo aseguró ayer el concejal de Hacienda, Ramón Vilar, que recordó que la «responsabilidad» de tener una normativa parcialmente inconstitucional es del Estado.
Vilar reiteró que la sentencia del alto tribunal afecta, por el momento, a la administración foral de Guipuzcoa y que únicamente pueden reclamar la plusvalía quienes demuestren que el inmueble vendido no ha incrementado su valor.
No obstante, es consciente de que esa sentencia terminará siendo nacional y que tendrán que atender a las personas que se sientan con derecho a reclamar lo que han pagado injustamente. Se calcula que este año la cuantía a devolver será de unos tres millones de euros, y si se aplica la retroactividad de cuatro años que marca la ley esa cantidad puede elevarse a los 12 millones de euros.
Así pues, Vilar aseguró que atenderán las reclamaciones pero que luego reclamarán al Estado que les devuelva ese dinero. «Todos los ayuntamientos -dijo Vilar- han cumplido la ley, por tanto no son responsables de una legislación estatal no constitucional. Existe una responsabilidad del legislador y nosotros pediremos una compensación al estado», añadió el concejal.
Por otro lado, Vilar entiende que el Gobierno central tendrá que modificar la legislación para adaptarla a la sentencia del Tribunal Constitucional, momento que aprovecharán para introducir otras modificaciones referidas a la plusvalía y a otros impuestos. En el caso de las plusvalías, Vilar no entiende, por ejemplo, que haya un año de carencia en el pago del impuesto, lo que permite que una persona que compra un piso en enero y lo vende en diciembre mucho más caro no esté obligado a pagar nada. «Se está beneficiando el pelotazo», dijo.
Y entre los impuestos que podrían modificarse, Vilar recordó los que se han analizado en la última conferencia de alcaldes celebrada en València. Uno de ellos es el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), cuyo cobro podría extenderse también a las confesiones religiosas.
Intereses de demora
Por otro lado, el concejal de Hacienda informó de una sentencia del Tribuanl Europeo que ratifica la legalidad del plan Montoro para pagar a los proveedores. Según dijo, las empresas que cobraron sus deudas a raíz de aquel plan renunciaron expresamente a cobrar los intereses de demora, una maniobra que ahora ha sido amparada por los triubunales europeos.
En caso de que la denuncia hubiuera prosperado, el Ayuntamiento de València tendría que desembolsar entre 14 y 15 millones de euros, una cantidad muy elevada para los presupuestos municipales. «Una cosa por la otra», dijo Vilar en referencia a la devolución de las plusvalías y al ahorro de esos intereses de demora a los proveedores. En este sentido, el concejal denunció la «paradoja» de que las grandes compañías pidan a los bancos el dinero que les deben las administraciones y mientras pagan un 2% de interes, ellos cobran un 8%.
