El Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valenciana consideran irrecuperables los terrenos de la ZAS y aceptan la orden del Tribunal Supremo de negociar nuevas indemnizaciones al menos con dos de los propietarios que un día fueron expropiados. El alcalde, Joan Ribó, se ha comprometido además a recuperar la huerta que rodea estos amplios terrenos cedidos al puerto y a hacer una transición amable con las pedanías limítrofes: Pinedo, La Punta y Nazaret.

La sentencia del Tribunal Supremo reconoce el derecho de los propietarios Rafael Lloret y Jesús Pardo a recuperar los terrenos que les fueron expropiados hace 20 años para instalar la Zona de Actividades Logísticas (ZAS) del puerto de Valencia. El alto tribunal admite, sin embargo, que los terrenos ya no pueden devolverse como estaban en aquella época e insta a la Generalitat a indemnizar a los propietarios. De no haber acuerdo, será el Jurado Provincial de Expropiaciones el que habrá de resolver.

Los afectados, por su parte, reiteran su deseo de recuperar los terrenos que en su día les fueron expropiados, apelando siempre a su condición de agricultores y no especuladores. A su juicio, la solución ahora «es política» y deben ser el consistorio y la administración autonómica las que tomen la iniciativa.

Ayer, por tanto, era el momento de que las dos administraciones se pronunciasen. El alcalde, Joan Ribó, que ayer precisamente visitó La Punta con motivo de las obras del chalé del Doctor Bartual, aseguró que esos terrenos «ya no son recuperables». Desde su expropiación han sufrido una fuerte transformación, se ha urbanizado parte de los mismos, han desaparecido las construcciones y se ha retirado la capa de tierra fértil (metro y medio). Como dijeron algunos de los vecinos, «si se recupera la tierra que se han llevado, el kilo de tomate sale a 3.000 euros».

Por su parte, fuentes de la Conselleria de Infraestructuras explicaron que el actual Gobierno de la Generalitat siempre ha defendido que «la actuación de la ZAL nunca tendría que habese realizado de la forma en que se hizo», postura que han defendido incluso en los tribunales. Ahora bien, comparten la idea del propio Tribunal Supremo de que «ya no se pueden recuperar las tierras perdidas, puesto que los terrenos han sido expropiados y urbanizados». «Hay que recordar _añaden_ que esa actuación paralizada ha costado 160 millones de euros de dinero público», dinero que han gastado las distintas administraciones en expropiaciones, indemnizaciones, obras de urbanización, accesos, etc.

Así pues, asegura que cumplirá la sentencia en los términos que ha decidido el Supremo y recuerda que desde la Generalitat siempre han sido partidarios de buscar «el máximo consenso entre el Ayuntamiento de Valencia y el Puerto para compatibilizar los intereses territoriales, medioambientales y económicos».

Plan de la huerta

Tanto el ayuntamiento como la Generalitat, recuerdan además, que se está preparando un Plan de Acción Territorial de la Huerta para poner fin al proceso de degradación que sufren muchas tierras, incluidas las que rodean la ZAL y afectan directamente a estas pedanías del sur de Valencia.

En concreto, Joan Ribó se comprometió a proteger toda la huerta que está fuera de la ZAL y hacer, además, una transición amable entre esos terrenos del puerto y las pedanías. El concejal de Urbanismo, Vicent Sarrià, habló, por ejemplo, de hacer un corredor verde en la línea que marca el carril bici para que paisajísticamente este entorno sea más amable.

«Yo he defendido siempre que la tierra fuera de los agricultores, pero 20 años después hay que ser realista. Ya no se puede ir atrás. Lo que sí podemos hacer es que estos polígonos no sean todo contenedores y puedan ser más amables con la huerta», explicó Ribó.