La sentencia de la sala tercera de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo hecha pública esta semana reconociendo el derecho de reversión a los propietarios de dos fincas expropiadas para la Zona de Actividad Logística (ZAL) del puerto de València se cuenta ya entre los fallos judiciales de imposible cumplimiento de la ciudad. La anulación de la ampliación de la depuradora de Pinedo y de la permuta y los derribos de la Tabacalera son otros. También la sentencia que declaró ilegal la ampliación de las gradas del campo de fútbol de Mestalla que sobrevuelan la vía pública y que once años después siguen ahí.
El tribunal Supremo dio en 2006 la razón a la Federación de Asociaciones de Vecinos en su denuncia contra las ampliación de las gradas del campo de fútbol, que se están salvando porque, hasta la fecha, los vecinos no han solicitado al juez la ejecución de sentencia. El Valencia C.F. minimizó en su día la repercusión de la sentencia argumentando que todo el estadio se derribaría cuando estuviera hecho el nuevo campo de Corts Valencianes, una obra inconclusa y paralizada sine die.
El fallo del Supremo en relación a la ZAL admite ya de entrada que, quince años después de las expropiaciones de los vecinos de la huerta de la Punta sobre la que se levantó la zona logística del puerto, ya no es posible la restitución «in natura» del suelo. El alto tribunal, consciente de que llega tarde, ordena a la Generalitat Valenciana la incoación del oportuno expediente para la fijación de una indemnización sustitutoria.
La sala reconoce que la ZAL, cuyas obras se terminaron en 2005, no está operativa pese a estar urbanizada. El motivo es que otra sentencia anuló en 2015 parcialmente el planeamiento de la ZAL al carecer del preceptivo informe de Costas, otro fallo al que ahora se intenta dar una solución extrajudicial en aras de la millonaria inversión realizada en la zona logística del puerto.
El pasado mes de febrero se conocía que el Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación que la inmobiliaria Guadalmedina (familia Ballester) presentó contra la sentencia de enero de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que anula la permuta de la fábrica de la Tabacalera, actual ayuntamiento, por considerarla una operación especulativa y expolio del patrimonio histórico. La sentencia, fruto del recurso contencioso que presentó el colectivo ciudadano Salvem Tabacalera, llega diez años después del derribo de las naves de la fábrica. El Govern de la Nau negocia ahora con el promotor valenciano una salida urbanística, vía modificación del PGOU, para poder legalizar los pisos de lujo que se construyeron en los terrenos de las antiguas naves industriales.
Un mes antes, en enero, se conoció la sentencia del Tribunal Superior de Justicia ordenando el cierre de la fase III de la estación depuradora de aguas residuales de Pinedo (Valencia), debido a que carece de licencia ambiental. Para tratar de cumplir con el fondo de la sentencia sin paralizar la actividad de la depuradora, que depura las aguas negras de numerosos municipios, el Gobierno autonómico y el ayuntamiento buscan soluciones para contentar a los vecinos que soportan el paso diario de camiones con lodos por delante de sus casas sin cerrar la depuradora. Los vecinos del entorno de la planta acudieron a los tribunales ante las continuas molestias que sufrían por la puesta en marcha, en 2005, de la ampliación de la citada instalación. Olores, emisiones de gases y posibles daños ambientales y a la salud pública eran los motivos principales que esgrimían los residentes.
Este jueves, se celebró una nueva reunión entre representantes de la Conselleria de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Valencian para analizar las medidas correctoras paisajísticas y de minimización de ruidos y olores que se establecerán en la depuradora para reducir las molestias a los vecinos que viven al lado.
