La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia aprobó ayer por despacho extraordinario el convenio de colaboración con el Instituto Valenciano de administración Tributaria de la Generalitat Valenciana que permitirá los embargos de multas de tráfico y ORA impagadas de conductores que no estén empadronados en Valencia.
Los ayuntamiento solo pueden proceder al embargo de cuentas bancarias en sus términos municipales lo que supone, a juicio de la moción del alcalde, Joan Ribó, que impulsa el citado convenio, «un grave perjuicio», especialmente, cuando «se trata de una gran ciudad con una importante área metropolitana y un elevado número de infractores no residentes en la ciudad, que mayoritariamente son titulares de cuentas en oficinas ubicadas fuera de la ciudad donde el ayuntamiento no puede actuar».
La ley de Haciendas Locales permite establecer convenios de colaboración entre administraciones locales con entidades estatales para el cobro de las multas. Una posibilidad a la que se acoge el ayuntamiento de Valencia para mejorar la eficiencia en la recaudación de las multas. Las sanciones de tráfico suponen más de 13 millones de euros de ingresos para las arcas municipales. Otras grandes ciudades como Madrid, Barcelona y Sevilla han suscrito convenios similares.
El convenio, que tendrá vigencia durante un año, costará 100.000 euros al ayuntamiento de Valencia, que fraccionará el pago a la agencia tributaria en dos anualidades. Aunque con varios meses de retraso sobre lo previsto (lo anunciado era que entraría en vigor en octubre del año pasado) el ayuntamiento ya tiene un marco legal para embargar a los infractores de otros pueblos.
