Dos personas anónimas, que no quieren ni fotos ni tan siquiera decir quiénes son, han pagado más de 1000 euros para evitar que una familia tenga que ingresar en la cárcel por haberse «enganchado» a la red eléctrica. Se trata de un caso extremo de pobreza energética, explica la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), de una familia del Cabanyal que no podía afrontar la factura de la luz ni tampoco la multa ni la indemnización que el juez les impuso. En total, unos 2.780 euros a los que habría que sumar los intereses de la indemnización a Iberdrola y los costes procesales.
Marcos, Ana y su hija Antonia se «engancharon» a la red eléctrica como último recurso en su situación de pobreza. La compañía eléctrica les denunció y en la sentencia firme el juez da por probado que ellos, «desde al menos el mes de diciembre de 2012 hasta el mes de noviembre de 2013 (...) han venido consumiendo energía eléctrica sin abonar importe alguno», por un importe de 1.339,58 euros.
Así, la familia ahora debía devolver esa cantidad en concepto de indemnización a la compañía, más una multa de cuatro euros al día durante cuatro meses por cada miembro del hogar (1.440 euros). En total, abonar 2.779,58 euros más los intereses y los costes procesales, que no se detallan en la sentencia.
Sin recursos
Ante la imposibilidad de afrontar el pago -dictado en mayo de 2015-, y al considerarse esto un «delito de defraudación de fluido eléctrico» (contenido en el artículo 255.1 del reformado Código Penal), Marcos y Ana recibieron el pasado día 22 una orden para ingresar dos meses en prisión, de la que se libraba Antonia porque dio a luz a una niña tres días antes.
Al conocer esto, la PAH contactó con los servicios sociales e inició una campaña en redes sociales para ayudar a la familia. Creen que puede haber sido gracias a esto que el caso ha llegado a las personas anónimas y desconocidas que han pagado la indemnización. «No sabemos quienes son o si son influyentes. No han querido hablar ni con nosotros y solo sabemos que se han puesto en contacto con la familia, han ido al juzgado y han pagado». Desde la PAH consideran que es «injusto que se esté criminalizando la pobreza». «Es el colmo que una persona vaya a entrar a la cárcel por ser pobre. No lo podemos permitir, hay muchas medidas», asegura Celia Rodríguez, miembro de la plataforma.
Ahora, según la PAH, el juez ha considerado la «buena voluntad» de los acusados, ha suspendido el ingreso en prisión y estudia la posibilidad de rebajar la multa de cuatro euros al día. La familia, por fin, descansa y rechaza hacer declaraciones para no revivir lo que consideran una «pesadilla».
