Luis Salom ha enviado un recurso de reposición al Ayuntamiento de València por lo que entiende una «discriminación» respecto al coordinador de urbanismo y cargo de confianza del PSPV, Rafa Rubio, investigado en una de las piezas del caso Imelsa, pero al que no se le ha abierto ningún expediente disciplinario. Salom recuerda que ha presentado hasta cinco instancias dirigidas al alcalde, Joan Ribó, reclamando el cierre del procedimiento abierto por el consistorio contra su persona a raíz del caso Taula y anulado ya por el Juzgado. Insiste, además, en que la junta de gobierno local «no ha actuado de la misma manera en la tramitación de unos expedientes disciplinarios respecto a otros», situación que califica de «arbitraria» e «injustificada», en alusión a Rubio.

El asesor del grupo municipal popular considera «inaceptable» la contestación recibida del equipo de gobierno municipal, en la que se asevera que Rubio «no es funcionario de esta corporación, por lo que este ayuntamiento carece de competencia a los efectos de incoar expediente disciplinario alguno». Para Salom, esta argumentación resulta «absolutamente inaceptable». «El señor Rubio no solamente es un cargo de libre designación por el gobierno municipal, coordinador general del área de desarrollo urbano y vivienda, sino que obligatoriamente debe ser funcionario de carrera para poder ocupar esta responsabilidad directiva», señala.

En el escrito de recurso, Salom recupera el anuncio del nombramiento de Rubio, donde se hacia especial hincapié en que se trataba de un funcionario de carrera. «Como empleado público del ayuntamiento de Valencia le resulta de aplicación el mismo régimen disciplinario aplicable a los empleados públicos», recoge.

«Por si no fuera suficiente motivo de discriminación mantener desde el mes de septiembre de 2016 al señor Rubio en su puesto directivo sin tomar ninguna medida ni admnistrativa, ni política, más allá de declaraciones públicas del alcalde criticando la continuidad del investigado Rubio», continúa Salom, para quien hay un «hecho cierto e indiscutible», que es el auto resolutorio de recurso de reforma del Juzgado de Instrucción del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia del pasado 16 de marzo en el que se mantiene la calidad de investigado de Rubio por los presuntos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias, entre otros.

Algo que amenaza con dividir al Govern de la Nau, ya que el martes Joan Ribó aseguraba que si Rubio continuaba imputado «no puede seguir en el sitio en el que está». Horas después, desde el PSPV se achacaban las declaraciones de Ribó a una confusión por un auto que nada tenía que ver con Rubio, y sí a la situación de otra procesada. De mantenerse la imputación, a nadie se le escapa el punto de fricción entre socialistas y sus socios de gobierno.