El Ayuntamiento de València reclama a la Generalitat que conceda al «cap i casal» un estatus especial en la futura Autoridad Metropolitana del Transporte (ATMV), de modo que las decisiones que afecten al diseño de redes, la planificación de infraestructuras, el régimen tarifario y la financiación deban tomarse por mayoría cualificada de los consejeros, esto es, que diez de los 14 miembros del consejo de administración la apoyen. Así consta en el informe de alegaciones al borrador del reglamento de la ATMV de la Conselleria de Vivienda aprobado el viernes por la junta de gobierno local del consistorio en despacho extraordinario.
Para fundamentar este estatus especial de la capital, con el que el ayuntamiento intenta preservar la autonomía de la EMT y el control financiero de la misma, la concejalía de Movilidad, con Giuseppe Grezzi al frente, se remite al borrador de la carta de capitalidad que está redactando el consistorio. El ayuntamiento quiere garantizarse una especie de derecho de veto en los asuntos relacionados con el diseño de redes y los recursos económicos, donde será necesaria siempre la conformidad el «cap i casal». El ayuntamiento contará con cinco miembros en el consejo de administración. La Generalitat tendrá siete y dos la Federación de Municipios y Provincias.
Aduce el ayuntamiento que el convenio de adhesión a la Autoridad del Transporte que plantea la Generalitat supondría «un vaciamiento completo y en bloque de la competencia municipal en materia de transporte colectivo urbano». La concejalía de Movilidad aporta en sus alegaciones una comparativa del reglamento valenciano en tramitación con la normativa del transporte público de Madrid donde también existe un organismo autónomo o consorcio que regula el transporte colectivo y donde se habla de «gestión conjunta y no de vaciamiento de competencias».
El ayuntamiento reclama que se clarifique y mejore el marco de competencias que asume la Autoridad del Transporte. No quiere que la Autoridad del Transporte asuma la función de planificación de las infraestructuras del transporte y quiere que su papel se reduzca al de marcar las directrices y ejercer la supervisión.
El Govern de la Nau no quiere estar bajo el convenio de adhesión paraguas de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y reclama un convenio marco específico pues, «de otro modo, podría verse comprometida la singular posición que se reconoce a València».
El ayuntamiento también considera demasiado largo el plazo de adhesión mínima de seis años al convenio por superar el de una legislatura y pide que se reduzca a cuatro, prorrogables cuatro más.
Al consistorio le resulta especialmente preocupante por la «indefinición» que genera la adhesión al no aclararse la situación jurídica en que queda la EMT, una empresa con 1.500 empleados y que cuenta con un presupuesto de 60 millones de euros financiados con «cuantiosas aportaciones» del ayuntamiento. La normativa madrileña concede a las empresas entidad jurídica independiente, apunta el Ayuntamiento de València.
También cuestiona el ayuntamiento la gestión de los recursos económicos y se pregunta si las aportaciones de los usuarios las gestionará directamente la ATMV, lo que «dejaría a las empresas municipales en una delicada situación en cuanto a su viabilidad económica por los eventuales retrasos en las transferencias» de la Generalitat. El ayuntamiento pide que la ATMV solo gestione los títulos combinados.
