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Revisión a les «Escoletes»

Escuelas infantiles a precios imposibles

La concejalía de María Oliver trabaja en un plan municipal que acabe con las desigualdades y tarifas desorbitadas en la educación de 0 a 3 años

Escuelas infantiles a precios imposibles

El Govern de la Nau hinca estos días los codos para superar una asignatura pendiente más que complicada: la educación infantil de 0 a 3 años. En ello trabaja desde hace meses la concejalía de María Oliver, que prepara una metamorfosis que acabe con un sistema, el actual, a todas luces incongruente con los programas de Compromís, PSPV y València en Comú. Las cuotas mensuales del curso 2016-2017 oscilan entre los 430 y los 460 euros de cero a un año, mientras que de 1 a 2 años, las tarifas van desde los 294 hasta los 350. Para la última fase, de los 2 a los 3 años, la horquilla contempla de 272 euros a 280. «Un contrasentido», afirma Oliver, quien coloca como ejemplo a seguir la Escoleta Municipal de Pinedo, con una tasa única de 34,16 euros al mes en sus tres cursos. «Es la única totalmente municipal», advierte la edil de València en Comú.

Valencia dispone en este curso 2016-2017 de 208 escuelas infantiles autorizadas por la Conselleria de Educación, de las cuales solo dos son públicas de gestión directa -una municipal y otra de la Diputación- y otras nueve públicas son de titularidad municipal, pero su gestión es indirecta. Privadas hay un total de 199 con una de ellas en régimen de arrendamiento municipal, la Senyera, ubicada en el barrio de Orriols.

Las nueve públicas de gestión indirecta con titularidad municipal son Benicalap, Sant Pau, Pardalets, Algirós, Mini Poli, Solc, Quatre Carreres, General Urrutia y Gent Menuda. La única pública de gestión directa es la E.I. Pinedo, mientras que la otra también de gestión directa, la IVAF Luis Fortich, pertenece a la Diputació de València. Mientras Pinedo implica un pago al mes de 34,16 euros en sus tres cursos, y la IVAF Luis Fortich - declarada Centro de Integración Preferente para alumnos con deficiencia auditiva-, tiene un coste cero, una escoleta como Algirós cuesta 460 euros para los niños de o a 1 año, y hasta 280 para los de 2-3 años.

La cuota que marca la Conselleria anualmente es de 460 euros para niños de 0 a 1 año; 350€ para niños de 1 a 2 años y de 280€ para niños de 2 a 3 años. Según Oliver, «visto esto, se observa que las escuelas infantiles de gestión indirecta toman estos datos de referencia, siendo superiores a la cuota media establecida para estos tramos por el resto de guarderías». Ello es debido a que, en el contrato vigente, se obligó a las empresas a ofrecer el comedor escolar gratuito, lo que provocó la subida de tarifas.

«La consecuencia ha sido que las familias prefieren acudir a otros centros en los que la tarifa es más económica, pagando el comedor por separado, lo que les permite utilizarlo o no, ajustando así el gasto a las ayudas de bono infantil y cheque escolar que reciban», señala Oliver, tras estudiar los informes de los técnicos municipales al respecto.

«Cobran por todo»

A esos precios impropios de una oferta municipal es a lo que el Govern de la Nau quiere poner fin. Hace unas semanas, la Junta de Gobieno Local prorrogó un año más las distintas concesiones, lo que provocó no poca extrañeza. Oliver salió enseguida a explicar que se trata de un mal menor, pues el objetivo de la concejalía que dirige es sacar un nuevo pliego de condiciones en el que se prime el proyecto educativo sobre la baja económica. «Las que hay ahora han de pagar un canon y cobran por todo», explica Oliver.

«Estamos revisando las condiciones de las escoletes de gestión indirecta y en breve estará acabado ese estudio por lo que esperamos poder ofrecer una mejora importante para las familias», explica Oliver. «Probablemente, y si es viable económicamente, asumiremos la gestión directa de alguna de estas escoletes», comenta la concejala, para quien la educación de 0 a 3 años «es un tema fundamental» tanto para València en Comú como para sus socios de gobierno.

«Estamos en un proceso de control, de ver qué pasa en cada una y con una persona destinada solo para hacer un seguimiento, pero la gestión directa implica más contratación de personal y es chocar con la ley Montoro», advierte Oliver.

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