El alcalde de València, Joan Ribó, ha enviado una carta al Ministerio de Hacienda, a la atención del secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, para solicitar «la supresión del Plan de Ajuste del Ayuntamiento de València, tras la cancelación total de la deuda del Fondo para la Financiación el Pago de Proveedores y el cumplimiento de todas las condiciones establecidas por el artículo 3 del Real Decreto Ley 8/2014».
Como publicó ayer en exclusiva este diario, el alcalde también hizo llegar una carta recientemente al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que tenga en cuenta a València en los presupuestos, actuando por mandato del Consejo Social de la ciudad.
El Gover de la Nau viene solicitando desde hace ya mucho tiempo la supresión del Plan de Ajuste, porque,señalan, la también conocida como «Ley Montoro» les impide utilizar el superávit para políticas sociales, limita las contrataciones o impide crear empresas públicas. Ribó explica que «después de casi dos años de la entrada del nuevo gobierno municipal, la situación económico-financiera y presupuestaria es muy diferente a la que recibimos del antiguo equipo de gobierno».
Así, destaca que «la liquidación del ejercicio 2016 y la aprobación de los presupuestos confirman que el ayuntamiento cumple plenamente con las condiciones exigidas por el artículo 3 del Real Decreto, para declarar no vigente el Plan de Ajuste, después de la cancelación de la deuda con el Fondo de Financiación del Pago a Proveedores».
El alcalde continúa desgajando las cifras de las arcas públicas de la ciudad para explicar que « a día de hoy el porcentaje de deuda está en torno al 75%, por debajo del límite legal del 110%». «El resultado, en términos de estabilidad, es de superávit. Cumplimos con la Regla de Gasto, al no rebasar ampliamente el límite del gasto y el Periodo Medio de Pago a Proveedores de diciembre fue de 2,71 días, es decir cumpliendo de manera notable el máximo establecido por la normativa sobre morosidad», sentencia.
Por ello, y al cumplir señala con la «totalidad de las reglas fiscales» se pone dice de «manifiesto» la incoherencia y la falta de lógica del mantenimiento del Plan de Ajuste 2012-2022.
