La Concejalía de Protección Ciudadana, junto con la Universitat de València, han puesto en marcha la creación de una Ordenanza de Convivencia en la que primará la mediación y la prevención sobre las medidas coercitivas. Así lo aseguró ayer la concejala Anaïs Menguzzato, quien adelantó que las multas por botellón, que hasta ahora han resultado caras e ineficaces, podrían sustituirse por charlas, cursos o trabajos comunitarios.

El pistoletazo de salida de la nueva ordenanza ha sido el Primer Congreso Internacional de Convivencia Ciudadana organizado por el ayuntamiento y la cátedra Protecpol de la Universitat de València, en el que se ha reunido expertos nacionales e internacionales para debatir sobre este asunto con vecinos, hosteleros y otros colectivos implicados en la materia.

Anaïs Menguzzato explicó que «Valencia es una ciudad segura, pero tiene problemas de convivencia», problemas a los que las 39 ordenanzas que abordan estos problemas «no han sido capaces de dar respuesta».

El motivo, según dijo, es que «hasta ahora esas ordenanzas eran únicamente punitivas, y si no atacamos las causas, no damos solución a los problemas que tenemos». Así pues, «hay que trabajar en la mediación y en la conciliación», dijo la concejala, que reiteró que «la falta de convivencia es un problema social que no se solucionan únicamente con sanciones».

En ese sentido, Paz Lloria, directora de la cátedra Protecpol, explicó que el congreso tiene como finalidad sentar las bases de una ordenanza cuya misión no sea «dar soluciones agradables a todo el mundo, sino buscar medidas que aporten soluciones de verdad».

Entrando en asuntos concretos, Anaïs Menguzzato explicó que la mayor parte de las reclamaciones vienen del ocio nocturno, el ruido o el botellón. Se trata, además, de un problema que afecta a todo el país y que no ha tenido solución en ningún lugar. «En Madrid se pusieron 80.000 denuncias por el botellón en un año y eso no ha tenido ningún efecto, así que hay que encontrar otras salidas», dijo la concejala, que recuerda que este problema afecta también a la sanidad, la economía o la limpieza, lo que significa que hay que darle soluciones transversales desde todas las áreas municipales. «Si lo miramos desde esa perspectiva seremos más capaces de resolver ese problema» precisó Menguzzato.

Coste relativo

De momento, en la nueva ordenanza se irá a propuestas «que no sean únicamente coercitivas». «Aquellas personas que incumplan esa norma (en referencia al botellón, por ejemplo), en vez de poner una sanción podrían participar en jornadas, charlas, cursos, recibir una formación específica, hacer trabajos comunitarios y otras cuestiones que pueden cambiar la mentalidad del infractor», adelantó. En Madrid ya están trabajando en esa línea.

Menguzzato no cree, además, que económicamente sea muy costoso impartir esos cursos. «Hay diferentes frentes que se pueden atacar», dijo. «Se pueden hacer charlas y dar formación, pero también tenemos la suerte de que la mayoría de los menores están en espacios educativos desde los que ya se puede trabajar. Igual esas charlas, curso o trabajos educativos podemos empezarlos desde las escuelas, un espacio estupendo en el que los jóvenes pasan muchas horas al día», reflexionó la concejala.

En general, «el trabajo de mediación es la línea que nos ponemos contra el ruido. Las 39 ordenanzas de la ciudad no han ayudado a solucionar problemas históricos. Hay formulas que se están utilizando en otros sitios que pueden generar espacios de convivencia», explicó.