El alcalde de València, Joan Ribó, anunció ayer la suspensión provisional del cobro del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocido como Impuesto de Plusvalías, a aquellas personas que no han obtenido un beneficio en operaciones de compraventa. Quienes obtengan beneficio seguirán pagando este impuesto, que en su conjunto reporta al ayuntamiento 32 millones de euros al año.
Como es conocido, el Tribunal Constitucional dictó sentencia el pasado mes de febrero sobre este impuesto, referida al territorio foral de Guipúzcoa. Y ahora el contenido de dicha sentencia se hace extensivo a todo el territorio estatal, una decisión que Ribó considera «lógica», ya que «si no hay una base sobre la que gravar, no tiene sentido hacerlo».
La sentencia inicial declaraba inconstitucional una parte de las normas del impuesto, exactamente los casos en los que «no hubo objetiva y realmente un incremento, sino una disminución del valor de los terrenos». «A partir de hoy -anunció el alcalde- aquellas personas que acrediten que no se ha producido un incremento del valor del terreno donde se ubica su inmueble no se les cobrará nada, hasta que el Gobierno del Estado nos dé instrucciones sobre cómo realizar a partir de ahora el proceso».
No obstante, Ribó ha exigido a Cristóbal Montoro una compensación, después de denunciar la negligencia del Ministerio de Hacienda en este asunto, que va a significar una importante pérdida de recursos para los municipios.
«Todo este problema es consecuencia de la dejadez de los diferentes ministros de Hacienda, que desde el año 1988 no han cumplido con la obligación de modificar la legislación estatal en un tema evidente desde el punto vista jurídico, dado que se trataba de un cobro absolutamente ilógico e injusto». La Ley de Haciendas Locales fue aprobada en los años ochenta por Carlos Solchaga, y el alcalde señaló la responsabilidad de este ministro y de los sucesivos.
