Desde hace semanas muchos vecinos de València se preguntan por qué están paradas las obras del carril bici de la avenida del Cid. Aunque para ser precisos hay que hablar de un pequeño tramo junto al barrio de Tres Forques y otro corto tramo en la calle San Vicente. Del resto no hay nada. En estas dos pequeñas zonas está abandonado parte del material de la empresa licitadora, como separadores de tráfico, señales y alguna caseta de obra. En San Vicente se desmanteló una plataforma para los autobuses, pero tan solo parcialmente. Unos metros de la vía cuentan con bordillos que delimitan el futuro carril bici, pero otros no. Peatones, ciclistas e incluso automovilistas no saben qué hacer. Se han llegado a ver vehículos estacionados en el interior de esta zona en obras, en la que pasean algunos viandantes y algún cicloturista aprovecha la ausencia de tráfico para avanzar.

Tanto el tramo que va de la plaza de España a San Agustín como la pequeña zona en obras de la avenida del Cid -y otros puntos de la ciudad a medio terminar- están en una especie de limbo legal. El ayuntamiento de València no los puede acabar, como es su intención, hasta que se rescinda oficialmente el contrato con la contrata a la que se encargaron los trabajos. Hasta entonces se puede decir que el consistorio no es dueño de sus calles, ya que desde el punto de vista del proceso administrativo, la adjudicataria tiene el control de las áreas de trabajo.

El Ayuntamiento de València anunció hace más de tres semanas la rescisión del contrato con Ocide Construcción SA, a la que se le encargaron diversos itinerarios ciclistas por un importe total de 745.991 euros. Pero solo ejecutó una parte de los mismos e incluso dejó pendientes ciertos remates en los carriles bici que había completado, como alguna conexión.

La contrata reclamó una importante variación del presupuesto inicial para seguir ejecutando las obras, pese a que las modificaciones que el Ayuntamiento de València solicitó alteraban el proyecto un 3,25%, dentro del límite del 10% que establece la ley. Pero Ocide consideraba que necesitaba mucho más dinero del firmado para seguir adelante. Uno de los principios básicos de la concejalía de Movilidad Sostenible es no institucionalizar los sobrecostes, un problema que perjudicó y lastró en el pasado las cuentas de la Administración.

Pero lo cierto es que el ayuntamiento está en una situación incómoda. No puede terminar una obra que se ha quedado a medias hasta no tener la cobertura legal garantizada. Desde Movilidad Sostenible confían en que en cuestión de semanas esté finiquitado el contrato y, con sus propios recursos, terminar los tramos que están a medias. Hasta entonces, la calle San Vicente, una de las más emblemáticas de la ciudad, seguirá en un limbo que no beneficia a nadie.