València vuelve a quedarse sin ayudas estatales para el transporte metropolitano. Los votos en contra de Partido Popular y Ciudadanos, junto con Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria y Nueva Canarias, impidieron ayer que prosperara una enmienda a los presupuestos generales del Estado en la que Compromís reclamaba 37 millones para la Autoridad del Transporte Metropolitano. Un nuevo agravio del gobierno de Mariano Rajoy para con la tercera capital española, por lo que Joan Ribó no dudaba en calificar de «impresentable» un acuerdo que castiga a un territorio en el que reside más de millón y medio de habitantes, y que incluye a València capital además de numerosas poblaciones de las comarcas de l´Horta y Camp de Túria. La indignación era ayer mayúscula en el equipo de gobierno local, pues Madrid, Barcelona o Canarias, reciben generosas aportaciones de los PGE todos los años.

Ribó defendía ayer que la enmienda presentada por Compromís en el Congreso de los Diputados era «coherente con el trabajo que hace la coalición en todas las instituciones donde se encuentra: defender los intereses de los valencianos y las valencianas». «Se pretendía aquello que tendría que ser del todo normal: que un millón seiscientas mil personas tengan una mayor capacidad de movilidad en el área metropolitana de València», incidía Ribó. «Una petición llena de justicia y dignidad que ha recibido el voto negativo del partido de Mariano Rajoy, con sus aliados de Ciudadanos, principalmente», manifestaba.

El Consell ya solicitó al ejecutivo de Mariano Rajoy que incluyera en los presupuestos una partida para crear la Autoridad del Transporte Metropolitano en València. La respuesta fueron las ayudas a Madrid por valor de 126 millones, otros 108 para Barcelona, mientras que Canarias percibirá 25, y 13 irán a parar a las ciudades de Sevilla y Málaga. Las peticiones por parte del Ayuntamiento de València y de la Conselleria de Infraestructuras y Vivienda, con la consellera María José Salvador al frente, han sido contínuas. La contestación ha sido siempre una negativa.

«Señor Rajoy, en València ya no hay unos gobernantes dóciles, como los de su partido, dispuestos a aguantar la discriminación. Trabajaremos incansablemente para conseguir lo que es justo y para denunciar cada ataque que haga hacia València desde su gobierno», advertía ayer el alcalde tras conocer el resultado de la votación de la mañana en el congreso de los Diputados.

Tanto la Conselleria, como el «cap i casal» y las poblaciones implicadas - una sesenta-, llevan desde hace dos años reivindicando el contrato programa, que inyectaría al sector 37 millones de euros, que entre otros aspectos permitirá implantar con garantínas una integración tarifaria para toda el área metropolitana, algo que redundaría en un transporte público de mayor calidad semejante al de las grandes ciudades europeas. Además, supondría una coordinación entre los distintos servicios que ahora funcionan por separado, como la EMT, FGV o la Generalitat. «El estado no puede tratar de forma diferente a los ciudadadanos de Barcelona y Madrid que a los valencianos. Ya hay suficiente discriminación», insistían ayer desde el equipo de gobierno de Ribó.