Una semana después de la «reunión de trabajo» que los nuevos representantes del Gobierno en el Consorcio València 2007 mantuvieron en València con el alcalde, Joan Ribó, y el conseller de Hacienda, Vicent Soler, los puntos del orden del día así como la fecha del consejo rector que se acordó celebrar a lo largo de este mes siguen sin concretarse. «Estamos esperando respuesta» del Gobierno, afirmaron ayer fuentes del Consorcio.
En esta primera toma de contacto, a la que asistió el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, se acordó fijar a la mayor brevedad la fecha y el orden del día del consejo rector, que no se reúne desde hace un año.
Entre los asuntos urgentes están, además de las cuentas del consorcio , varios contratos, entre ellos, el de reparación del paseo marítimo elevado de la marina, que sufre importantes desperfectos y daños por corrosión. Se trata de una obra «perentoria», afirma el director de Estrategia del Consorcio, Ramón Marrades.
El paseo elevado de la marina norte es un espacio muy expuesto al salitre y a la erosión marina. En este paseo que recorre todo el dique hasta la bocana, con vistas privilegiadas del Golfo de València, funcionan varios restaurantes. En su parte inferior está previsto habilitar una zona comercial relacionada con la náutica, un proyecto que está pendiente de la reparación estructural del paseo.
Entre los puntos a tratar que el director general del Consorcio, Vicent Llorens, quiere incluir en el orden del día se incluye el libro blanco de la Marina de València, una especie de hoja de ruta sobre los usos y el futuro de la marina. El libro blanco contempla, entre otras cosas, la revisión del convenio de cesión de la marina con la Autoridad Portuaria de València que incluye el pago de tasas por ocupación, un concepto por el cual el puerto reclama 27 millones al consorcio, que se niega a pagarlas. El Consorcio quiere revisar las condiciones de la cesión a la ciudad de la marina así como la figura de gestión de la marina más ágil que el Consorcio.
El director general también quiere que el Gobierno, una de las tres administraciones con representación en el consejo y derecho de veto, aprueba una ampliación de sus competencias para poder firmar contratos de mayor importe económico que en la actualidad. La privatización de los amarres y el concurso del Varadero es otro de los contratos atascados en la marina de València. El alcalde anunció su intención de destinarlo a equipamiento cultural, en concreto, a sede del Museo del Mar, una de las apuestas de Ribó para dinamizar el Marítimo.
