La discapacidad y la movilidad reducida de las personas es una preocupación para la administración local de València por las soluciones que hay que dar a este colectivo desde todos los puntos de vista, pero también por el fraude detectado en la utilización de las tarjetas de aparcamiento. Según explicó ayer la concejala de Servicios Sociales, Consol Castillo, se han detectado irregularidades en su uso - la policía local ha detectado hasta 759 falsificadas, 226 de València y 530 de otros municipios-, y como consecuencia de ello el Ayuntamiento de València se propone hacer una nueva ordenanza para regular este documento, aumentando los controles y evitando precisamente el fraude.

Según Castillo, en la actualidad no se conoce el número de personas con movilidad reducida que hay en València, bien porque muchas personas no lo acreditan o lo comunican, bien porque muchos de los que tienen tarjeta de aparcamiento realmente no deberían tenerla. Es muy frecuente, dijo, que al morir una persona discapacitada, los familiares sigan haciendo uso de la tarjeta sin comunicarlo al consistorio. Es sólo un ejemplo pero hay más y hay que atajarlo, dijo la concejala. Así pues, anunció la elaboración de una nueva ordenanza cuyo primer objetivo será regular a todo el colectivo y darle los derechos y los servicios que les corresponden. La idea es racionalizar el uso de estas tarjetas y aumentar las garantías y los controles de las mismas.

Esa ordenanza ya estaría en elaboración y pretende acabar con todos estos problemas. «No sabemos -dijo Consol Castillo- cuántas personas tienen movilidad reducida en la ciudad, porque hay gente que debería tener tarjeta y no la tiene y gente que la tiene y no debería tenerla». La concejala no estableció fechas para la aprobación de la ordenanza, que en todo caso contaría con la participación de las entidades especializadas en esta materia.