Los vecinos de Ciutat Vella consideran los apartamentos turísticos una «amenaza» y un riesgo « inminente» para el tejido social por la «terciarización de los barrios» que implican, así como por los «problemas de convivencia y la subida de los precios de compra y alquiler» de la vivienda asociados a este tipo de negocios. Así lo recoge la síntesis del proceso participativo que se ha llevado a cabo entre los meses de marzo y abril de este año dentro de la elaboración del Plan Especial de Proteccion (PEP) de Ciutat Vella. Las conclusiones de esta consulta difieren de los resultados de la encuesta de la Concejalía de Desarrollo Económico realizada en 40 barrios y cuya principal conclusión es que en València todavía no existe la percepción de saturación por los apartamentos turísticos que tienen otras grandes capitales como Barcelona y Madrid.

Las conclusiones del plan de participación, en cuya elaboración interviene un equipo multidisciplinar formado por arquitectos, arqueólogos, paisajistas, ingenieros y geógrafos, se obtienen en base a los talleres de análisis propósitivos realizados en los barrios del Carmen, el Mercat-Velluters, Seu-Xerea y Sant Francesc. En los talleres participaron once asociaciones y colectivos ciudadanos del distrito, como los vendedores del Mercado Central, Amics del Carme, Ciutat Vella Batega y la Coordinadora de Entidades Ciudadanas de Ciutat Vella y se consultó al Colegio Santa Teresa y al colectivo de Mares i Pares.

Las demandas y propuestas vecinales se resumen en seis: garantizar la heterogeneidad del tejido social, hacer barrios habitables, generar espacios públicos de calidad, proteger el paisaje urbano, promover la movilidad sostenible y proteger el tejido social.

El concejal de Desarrollo Urbano, Vicent Sarrià, presentó en febrero pasado las líneas maestras del PEP de Ciutat Vella que estará redactado en 2018 y que dotará al centro histórico de una normativa urbanística unificada que aumentará el número de edificios protegidos (la previsión es incorporar 500 más) y revisará los usos permitidos para frenar el despoblamiento del centro histórico y la terciarización creciente de este entorno, donde existe una población flotante de 40.000 personas, de los que apenas 26.000 son vecinos.