17 de junio de 2017
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Morcillo admite que no hay la mínima posibilidad de acuerdo con los okupas

La Universitat espera a la jueza y la intervención de la policía judicial para desalojar el Lluís Vives

17.06.2017 | 04:15

La Universitat de València (UV) ha trasladado a la jueza que lleva la causa del asalto el pasado día 1 de mayo al antiguo Colegio Mayor Luis Vives el acuerdo del consejo de gobierno que daba 24 horas a los okupas para el desalojo, antes de instar a la justicia a restituirles el uso de las instalaciones. Así lo confirmaba el rector de la UV, Esteban Morcillo, quien ha incidido en que si hubiera habido la mínima posibilidad de llegar a un acuerdo a través de la mediación, no habrían «dado el paso» de acudir a la jueza que, ha dicho, será ahora quien decida los pasos a seguir.

«Lo que hemos hecho al presentar esta petición ante la jueza es pedirle que estudie el tema y tome las medidas oportunas para esta restitución a su propietario, que es una institución pública abierta a toda la ciudadana», apuntaba. Morcillo reiteraba la voluntad de la Universitat de que «se produzca una desocupación voluntaria y pacífica porque están ocupando un Bien de Relevancia Local, patrimonio, no solo de la universidad, sino del conjunto de los valencianos».

Morcilla insistía en que el edificio «evidentemente no está en condiciones de estar habitado y ha de quedar de nuevo a disposición de la Universitat para su uso universitario». Preguntado sobre si teme que tras mes y medio de ocupación sin llegar a un acuerdo, el final sea una desocupación forzosa, ha señalado que «la jueza tomará las medidas con la policía judicial para que las cosas se hagan como se espera en un Estado democrático, de una forma ajustada al marco de la legitimidad de la ley». Además, el rector ha asegurado que «no tiene ningún sentido una justificación de que ocupan un edificio para desarrollar unas actividades que podrían haber tenido acogida dentro de la universidad si se hubieran planteado de una manera habitual».

Desde el principio de la ocupación, se inició una mediación, a través de cinco personas, tres elegidas por «las personas que ocupaban de manera no autorizada el edificio», y dos designadas por la Universitat. «Han trabajado desde el inicio de mayo hasta hace pocos días. No hubiéramos dado este paso si hubiera habido la posibilidad de algún tipo de acuerdo entre ellos y nosotros», concluía.

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